La probidad y la transparencia deben ser inexcusablemente practicadas para que la democracia funcione como tal

Hay muchas reservas vigentes destinadas a ocultar hechos sensibles en lo referente a las sanas prácticas de los entes institucionales y de aquellos que se mueven dentro de ellos. La Asamblea Legislativa viene dando el mal ejemplo al respecto.
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Aunque en el curso de la posguerra nuestra democratización ha venido teniendo importantes avances, sobre todo si se les valora en comparación con lo que había al respecto en el pasado, se hace cada vez más evidente que hay mucho por hacer en el terreno del comportamiento institucional en general y de las autoridades y funcionarios específicos en particular. Tal evidencia es un factor que está vinculado directamente con la creciente atención ciudadano sobre el quehacer gubernamental en todas sus expresiones. Los ciudadanos, asistidos cotidianamente por la imparable expansión de las comunicaciones virtuales, tienen puesto el ojo sobre lo que hacen y dejan de hacer sus representantes, y tal atención es, por sí misma, un aporte democratizador de la máxima importancia para la evolución nacional.

En lo que a transparencia se refiere existe una Ley de Acceso a la Información Pública, con su respectivo Instituto activador; y en lo que toca a la probidad, funciona el Tribunal de Ética Gubernamental. Pero tanto en transparencia como en desempeño ético es claro que los controles siguen estando muy mediatizados por los intereses del poder. Hay muchas reservas vigentes destinadas a ocultar hechos sensibles en lo referente a las sanas prácticas de los entes institucionales y de aquellos que se mueven dentro de ellos. La Asamblea Legislativa viene dando el mal ejemplo al respecto. Y en cuanto al examen ético del proceder de los funcionarios, las limitaciones del TEG son notorias, como ha quedado patente con la penosa actitud del mismo a la hora de revisar la eventual implicación del presidente de la Asamblea Legislativa en sospechosos negocios particulares. No se trata de juzgar a nadie antes de hacer las averiguaciones imparciales correspondientes; se trata de hacer dichas averiguaciones para saber a qué atenerse.

Cada vez que ha sido oportuno nos hemos pronunciado en pro de la necesidad imperiosa de instalar en nuestro ambiente la cultura de la honradez en todos los órdenes de la vida tanto pública como privada. Esto es más que leyes y más que instituciones: es el basamento moral y social del comportamiento colectivo. Desafortunadamente en la familia y en la escuela ya no se construyen los cimientos de la conducta correcta. Las reformas educativas sucesivas arrasaron con la enseñanza de la moral y de la urbanidad. No es casual, entonces, que vivamos hoy en una especie de selva que se expande cada día. El auge de la criminalidad encuentra entonces terreno fértil para continuar en su tarea desestructuradora de la normalidad nacional.

Lo que tenemos que concluir en referencia a estos temas de transparencia y de probidad es lo que siempre se da en el análisis serio de la problemática que enfrentamos como país: todo está conectado entre sí. Cualquier déficit en transparencia o en probidad afecta directamente la seguridad jurídica, y se vuelve retranca para los impulsos del desarrollo. Esto debemos tenerlo siempre presente, para no continuar en el falso esquema de las medidas parciales, que ni generan confianza ni resuelven problemas. Ejemplo de ello es el tratamiento disperso de los gravísimos problemas de inseguridad ciudadana: se diluyen con gran facilidad y van dejando más insatisfacción e impaciencia en el ambiente.

Si queremos empujar en serio hacia un nuevo estado de cosas en el país tenemos que hacerlo en conjunto y con todos los compromisos que conduzcan a ello.

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