La proporcionalidad de las sanciones administrativas

Celebro la disciplina académica con que el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) –del cual soy miembro aunque poco frecuente– mantiene su columna semanal en LA PRENSA GRÁFICA. A veces concuerdo, a veces no. La del pasado lunes 13 es particularmente buena e importante, por eso deseo complementar sobre el tema central.
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Decir, como titula la columna, “Las sanciones administrativas no deben ser confiscatorias” es correcto, pero también es correcto decir “Las sanciones administrativas deben tomar en cuenta el daño causado, ser disuasivas y atender al principio de proporcionalidad”.

Para entendernos es necesario distinguir situaciones, aún a riesgo de caer en la casuística. No es lo mismo, por ejemplo, imponer una multa por mal estacionamiento, que imponerla por irrespetar un semáforo o un alto. El mal estacionamiento en la ciudad podrá causar incomodidades, obstaculizaciones, atrasos y muy remotamente, un accidente. Irrespetar un semáforo o un alto puede producir, con gran probabilidad, un accidente severo con daños materiales de importancia, lesiones en conductores y pasajeros, o incluso la muerte de alguno o varios de ellos o de terceros transeúntes del lugar.

El artículo se refiere específicamente a multas por adeudos, y si aquellas pueden ser hasta del 300 % de lo adeudado, creo que, prima facie, el artículo tiene razón. Pero si se trata, por ejemplo, de una sanción del Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor por falsear el peso en el contenido de un producto de difícil reintegro, como el frijol, al fijar la multa habrá que ponderar el daño social causado, es decir, a cuántos miles de libras/dólares asciende el engaño, y fijarla lo suficientemente alta como para disuadir al infractor de volver a falsear pesos o medidas. Habrá que ponderar también que ella sea soportable para el infractor, que no le conduzca a la quiebra –principio de proporcionalidad– pues la medicina sería peor que la enfermedad. Esto es lo que técnicamente se llama dosimetría punitiva.

Algo parecido –no igual– es lo que hizo precisamente el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor –luego de sentencia de amparo favorable sobre el asunto–, al sancionar a Davivienda por cobrar comisión por el pago anticipado de los créditos a 203 consumidores. En ese caso era posible identificar tanto el perjuicio como los perjudicados para resarcirles $451,357.78. La multa cumplió así uno de los fines del derecho sancionatorio –el resarcimiento–, pero el tribunal impuso también una importante multa –$453,099.60– para cumplir con el fin punitivo y disuasivo de la sanción.

Desconozco las actuaciones sancionatorias de la SIGET, pero, hablando como usuario de los servicios telefónicos y de internet, tengo la impresión de que sus sanciones son inocuas. Alargo el comentario también como usuario de energía eléctrica.

El artículo del CEJ no menciona la Superintendencia de Competencia (SC), pero el planteamiento debe ser igual. La sanción para un agente económico, una empresa cualquiera o un conjunto de empresas, que por años hubieran manipulado o impuesto los precios de un determinado producto, distorsionando así el mercado, debe tener “en cuenta la gravedad de la infracción, el daño causado, el efecto sobre terceros, la duración de la práctica, las dimensiones del mercado y la reincidencia”, según reza expresamente la Ley de Competencia.

Más aún, el rango de las multas que puede imponer el Consejo Directivo de la SC es muy amplio. Dependiendo del caso la ley establece que va desde un salario mínimo mensual hasta el 6 % de las ventas anuales, o hasta el 6 % de los activos durante el ejercicio fiscal anterior, o un mínimo de dos veces hasta un máximo de 10 veces la ganancia estimada derivada de las prácticas anticompetitivas, cualquiera que resulte más alta.

Y no es para menos: estamos hablando de actuaciones que dejan ganancias ilícitas millonarias que recaen directamente sobre las espaldas de la sociedad y en consecuencia su sanción debe ser proporcional. Por eso, estimados lectores, presten atención a las noticias sobre acuerdos anticompetitivos o abuso de posición dominante en cualquier parte del mundo: las multas son elevadísimas, incluyen siempre la orden de cesar las prácticas y pueden comprender condicionamientos y obligaciones, estructurales o de comportamiento, necesarios para restablecer las condiciones de competencia, una forma de resarcir.

La Ley de Competencia no hace referencia al posible carácter confiscatorio de una sanción, pero la jurisprudencia constitucional y contencioso administrativa sí, jurisprudencia que, en sus diez años de existencia, la Superintendencia de Competencia ha sabido aplicar.
 

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