La realidad legal se va imponiendo pese a las resistencias políticas

Esperamos que la elección del Fiscal General llegue a buen término, y que de ella quede asegurado un desempeño de alto nivel en un ente tan decisivo para la salud democrática del proceso nacional.
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<p>A fines de abril pasado se desató el llamado “conflicto institucional”, cuando un grupo de partidos quiso salirle adelante a la correlación de fuerzas resultante de las elecciones de marzo, y eligió magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Fiscal General, haciéndolo por segunda vez en la misma legislatura. Se seguía el mal ejemplo de la legislatura de 2006, con lo cual vuelve a comprobarse que los vicios se contagian con mucha más facilidad que las virtudes. Esta vez, sin embargo, hubo resoluciones de inconstitucionalidad que pusieron el punto en otra dimensión.</p><p>Los que tomaron la decisión en la Asamblea se sintieron agredidos de inmediato por la corrección, y el recurso fue acudir a la Corte Centroamericana de Justicia, que sentenció a favor de lo actuado por la Asamblea, pero cuya sentencia no sirvió más que para demostrar que los artificios no pueden con la realidad, cuando ésta ya ha ganado suficiente fuerza para hacerse valer.</p><p>Vía negociación interpartidaria, facilitada por el Presidente de la República, se superó el tema de la elección de magistrados, con una nueva elección. El producto no resultó tan nítido como era esperable, pero lo que sí quedó en clara evidencia es que las vivezas políticas tienen cada vez menos espacio de maniobra dentro del Estado de Derecho que, pese a tantas dificultades y obstáculos, se sigue construyendo en el país. Este punto es altamente significativo, y debe ser valorado en su justa dimensión. La legalidad gana terreno, y desde las alturas del poder, que es donde más maltratada se ha visto siempre. Y con un agregado que no hay que dejar al margen: después de esta experiencia de seguro disminuirán de manera notable las tentaciones de hacer algo semejante en el futuro.</p><p>Ahora, en la Asamblea Legislativa, ya se están sentando de nuevo todos los partidos representados para hallarle solución al punto de la elección del Fiscal General de la República, cuyo período concluye dentro de pocos días. Más allá de las declaraciones que insisten en que la elección declarada inconstitucional es válida, el hecho mismo de que se haya abierto un camino de búsqueda de entendimientos para hacer una nueva elección indica que el fondo de la respectiva sentencia de inconstitucionalidad, a pesar de triquiñuelas como la negativa a publicarla en el Diario Oficial, está siendo reconocido, con todos los efectos legales y políticos que eso trae.</p><p>Una de las claves de la estabilidad y la viabilidad democráticas consiste en que todos reconozcan en su debido momento las decisiones sucesivas del electorado, y no sólo como resultado numérico de las urnas, sino como expresión de voluntad sobre las correlaciones de fuerzas que se van dando en el tiempo. Hacerlo pacíficamente es garantía de normalidad institucional, que incide en el desenvolvimiento de la dinámica nacional en todos los órdenes. Y esto se halla directamente vinculado con el hecho de que, en la democracia, el ejercicio del poder es siempre relativo, y el que quiera absolutizarlo, con independencia de colores ideológicos y partidarios, se expone a enfrentar grandes costos.</p><p>Esperamos que la elección del Fiscal General llegue a buen término, y que de ella quede asegurado un desempeño de alto nivel en un ente tan decisivo para la salud democrática del proceso nacional. Ahora sí, después de todo lo que se está dando, el funcionario entrante, sea quien fuere, estará más en vitrina que nunca, sobre todo de cara al escrutinio ciudadano.</p><p>&nbsp;</p>

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