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La reforma a la Ley de Inversiones

El 21 de octubre de 1999 se promulgó la Ley de Inversiones.
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Esta ley tiene como propósito fomentar las inversiones en general y las inversiones extranjeras en particular, para contribuir al desarrollo económico y social del país, incrementando la productividad, la generación de empleo, la exportación de bienes y servicios y la diversificación de la producción.

Al aprobarse la misma se estableció en el artículo 15 que en caso de controversias surgidas entre inversionistas extranjeros y el Estado, referentes a inversiones efectuadas en El Salvador, los inversionistas podrían remitir la controversia al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) o en su caso, utilizar el Mecanismo Complementario del CIADI cuando el inversionista extranjero no fuera parte del Convenio CIADI.

Similar solución se establece en los varios tratados bilaterales de protección recíproca de inversión que El Salvador ha suscrito con diferentes países, así como en los también varios tratados multilaterales. En todos ellos el Estado salvadoreño garantiza al inversionista extranjero que de existir alguna disputa relacionada con el tratado podrán dirimir la misma en un arbitraje internacional.

Como de todos es conocido, hasta la fecha El Salvador ha tenido que afrontar tres arbitrajes de inversión ante CIADI, dos de los cuales ya han finalizado con resultados satisfactorios para el país, mientras que el otro se encuentra aún pendiente de decidirse. Valga mencionar que en días recientes se ha conocido de un cuarto arbitraje de inversión iniciado por la empresa ENEL siempre ante CIADI, aunque aún no se saben mayores detalles del mismo.

No pretendemos en esta columna analizar el mérito de las disputas planteadas por los inversionistas, sino nada más mencionar que en los tres primeros arbitrajes presentados ante CIADI los inversionistas demandantes acudieron no solo a un tratado bilateral o multilateral para llevar sus controversias a esa institución arbitral, sino también invocaron el art. 15 de la Ley de Inversiones al que antes nos hemos referido. Ha sido principalmente esta doble invocación de la jurisdicción de CIADI lo que sin duda motivó que el art. 15 de la Ley de Inversiones se modificara a través del Decreto número 243 de fecha 11 de julio de 2013. A partir de la reforma se eliminó toda referencia expresa a CIADI y se estableció que en caso surgieren controversias entre los inversionistas nacionales o extranjeros y el Estado, referentes a inversiones efectuadas en El Salvador, las partes podrán acudir a los tribunales competentes, de acuerdo con la legislación vigente.

Hay quienes han sostenido que con la entrada en vigor de estas reformas se elimina la posibilidad de arbitrar las disputas y acudir ante el CIADI para hacerlo. Esto desde nuestra perspectiva no es así.

En primer lugar porque El Salvador sigue siendo parte del Convenio CIADI y por lo tanto sigue estando obligado a cumplir con las obligaciones ahí contraídas. En segundo lugar porque el Estado ya ha dado su consentimiento para someter sus disputas a arbitraje CIADI en los múltiples tratados bilaterales y multilaterales que ha suscrito y esos tratados siguen estando vigentes.

Y en tercer lugar porque el Estado –como lo hace en los arbitrajes comerciales– siempre puede seguir otorgando su consentimiento a través de los contratos que celebre con los inversionistas extranjeros. No hay que perder de vista que la reforma dice que se podrán dirimir disputas ante tribunales competentes y que los tribunales arbitrales pueden ser competentes si así lo pactan las partes.

Desde nuestra perspectiva, la reforma lo único que hace es cerrar la posibilidad de que el Estado de El Salvador sea doblemente demandado en un mismo arbitraje invocando dos distintas protecciones: la concedida por un tratado y la concedida por la Ley de Inversiones. Entendiéndolo así, no podemos sino afirmar que la reforma era necesaria.

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