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La reforma de pensiones y la cuestión fiscal

En los primeros días surgieron algunas dudas sobre la sostenibilidad fiscal de la reforma de pensiones, a raíz de su aprobación apresurada a última hora y de las modificaciones que se introdujeron sin elaborar los correspondientes cálculos actuariales. En una columna anterior señalé mis dudas al respecto.

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Afortunadamente, el Departamento de Estudios Económicos de FUSADES recientemente presentó al público, en el pasado seminario de Luis Membreño Consulting, algunos cálculos preliminares sobre el impacto fiscal de la reforma tal como se aprobó.

En esos cálculos resulta que la carga fiscal por la transición de las pensiones, aunque sigue pesando, se reduce con relación a la situación anterior a la reforma. El costo de transición se reduce en su punto máximo en cerca de 0.8 % del PIB y disminuye gradualmente en los siguientes años. Lo verdaderamente importante es que en los años previsibles el costo de transición es inferior al que habría tenido que cargar el gobierno si no hubiera habido reforma.

Las causas de estas reducciones son de dos tipos: las eliminaciones, por la reforma, de algunas deudas del gobierno que le generaban presiones de liquidez fiscal de corto plazo y la reestructuración de otras para más largo plazo, diluyendo en el tiempo el flujo de compromisos.

La deuda pública, por su parte, continúa creciendo, aunque a un menor ritmo que antes de la reforma, y llega a un máximo de 70 % alrededor de 2030, para comenzar a disminuir muy levemente.

Los resultados indican que en términos fiscales, la reforma reducirá la carga para el gobierno, aunque no tanto como para obviar la necesidad de continuar con un ajuste. Las sustanciales amortizaciones de los próximos siempre demandarán liquidez de parte del gobierno. De los cálculos del estudio se deriva que dado que la reforma aliviana en parte la carga fiscal del costo de transición, un ajuste de alrededor de un punto y medio, en vez de tres, como se ha venido señalando, volvería sostenible la deuda pública.

En todo caso sigue siendo importante que se haga un estudio actuarial más detallado de la reforma, para estimar su impacto fiscal y obtener datos más finos.

Actualmente hay negociaciones en marcha entre los partidos políticos para llegar a un acuerdo sobre el presupuesto de 2018 y su financiamiento de más de 500 millones de dólares. Es importante que estas negociaciones lleguen a un acuerdo sobre la base de los resultados de la nueva situación fiscal y en el marco de la sostenibilidad de las finanzas públicas en los próximos años, negociando no solo el presupuesto y su financiamiento, sino también el ajuste fiscal requerido y las necesidades de refinanciamiento de las deudas de 2019 y de algunos de los siguientes años.

Para comenzar, sería conveniente que los negociadores conocieran los resultados presentados por el Departamento de Estudios Económicos de FUSADES, hasta hoy, el único resultado que conozco de cálculos sobre la situación fiscal posterior a la reforma de pensiones.

Alcanzar un acuerdo convincente en estos temas y ejecutarlo permitiría a la sociedad comenzar a tomar decisiones de empleo, de ahorro y de inversiones en un escenario de mayor certidumbre. Esto es fundamental para comenzar a enfocarnos en crecer más, generar más empleos y alcanzar mejoras sociales.

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