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La reforma tributaria. Una tragedia anunciada

Llevar a cabo sesudos análisis sobre el pasado es cosa sencilla. Cualquiera puede analizar más o menos bien los eventos y consecuencias de esos eventos que ya ocurrieron.
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 Lo que se vuelve relevante –más en un país como el nuestro– es “predecir el futuro”, es decir, tener la capacidad de prever los efectos que podrían derivarse de aquellos acontecimientos actuales, que más allá de las formas, tienen un potencial efecto negativo para el país.

Uno de ellos, que junto con el de la reforma de las pensiones podría generar un importante efecto adverso en perjuicio de El Salvador –y no solo para el sector empresarial como erróneamente se podría considerar–, es la reforma tributaria que actualmente se encuentra en estudio en la Asamblea Legislativa.

Sobre este tema, es necesario hacer notar que cuando se analiza la conveniencia o no de alguna norma tributaria, la persona que desarrolla el análisis debe evitar la equivocada noción que se trata de un tema que únicamente le interesa a los empresarios o a los que tienen algún poder económico. Las normas tributarias se enmarcan dentro de una política fiscal nacional, la cual constituye la piedra angular sobre la que descansa el andamiaje del modelo legal que brinda el impulso, que desde el Órgano Ejecutivo, se le da al desarrollo económico o empresarial de una nación.

Así las cosas, lo cierto es que la conveniencia o no de las normas tributarias, y más aún, de la conducta fiscal del Estado, nos concierne a todos: desde el empresario que decide si invertir o no en el país, hasta el más sencillo de los empleados, cuyo empleo depende la decisión del primero respecto a la realización o no de su inversión.

Dentro de ese marco de ideas, consideramos que el proyecto de reforma fiscal, así como está planteado, constituye la promoción de una normativa legal claramente inconveniente para el país. Dicho proyecto se perfila como una amenaza a los contribuyentes, a quienes se conceptualizan como unos “potenciales criminales” fiscales, quienes por infracciones reales o potenciales cometidas, aún y cuando no hayan sido calificadas como evasión ante la administración tributaria, podrán ser enviadas a la Fiscalía General de la República para ser investigadas y perseguidas, aún y cuando no conste –por aún no haber sido determinado por los técnicos en la materia: los auditores fiscales– si dichas infracciones constituyan o no delito.

La Administración Tributaria podrá perseguir a cualquiera sobre la base de indicios de que se ha cometido un delito. Lo atentatorio es que un indicio puede ser cualquier cosa: una declaración mal presentada, cálculos errados, equivocadas aplicaciones contables y un largo etcétera de eventos de naturaleza administrativo-contable que pueden ocurrir a cualquiera actuando de buena fe.

La amenaza que viene aparejada con esta reforma es que con base en cualquier indicio, la Fiscalía, por así requerirlo Hacienda, podría proceder a la detención administrativa de cualquier contribuyente, con los desastrosos y en muchos casos irreversibles efectos causados a su imagen, integridad y buen nombre, los cuales pueden ir desde el cierre de sus cuentas bancarias, hasta su completo descrédito comercial.

Todo ello nos hace legítimamente preguntarnos: ¿cuál es entonces la estrategia del Órgano Ejecutivo respecto a la reactivación de la economía de nuestro país? ¿Quiere espantar a los pocos empresarios que todavía se atreven a hacer negocios en el país? ¿Desea ahuyentar la inversión extranjera? ¿Quiere deprimir aún más –con sus amenazas de cárcel– la ya deprimida economía salvadoreña?

En el caso de las reformas del Código Tributario y del Código Penal propuestas, en caso de llegar a convertirse en ley de la República, hasta el más humilde de los profetas puede anunciar que se trata de una tragedia anunciada para El Salvador.

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