La responsabilidad civil y la melaza

Como es sabido, un mismo acto puede generar cuando menos tres distintas responsabilidades: civil, penal y administrativa. Para el caso, una misma infracción puede llegar a significar que deba repararse económicamente a los afectados, que pueda estarse en presencia del cometimiento de un delito penal y que pueda tener que aplicarse una sanción de carácter administrativo por autoridad competente. Nos limitaremos a la responsabilidad civil esta vez.
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Desde 1859, el Código Civil hace alusión a casos en los que se puede generar responsabilidad patrimonial por ocasionar daños a terceros. Tal cuerpo normativo contiene disposiciones que –por ejemplo– establecen que el ebrio es responsable por el daño causado por su falta, que toda persona es responsable no solo de sus propias acciones sino de las de aquellos que tuviere a su cuidado, que el dueño de un edificio es responsable con terceros de los daños que ocasione la falta de reparación del edificio, que el dueño de un animal es responsable de los daños causados por ese animal y que, en fin, todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona debe ser reparado.

Interesante que desde 1859 ya se preveía que podrían existir casos de acción popular cuando se ocasionaran daños a personas indeterminadas por la imprudencia o negligencia de alguien.

Dicho en palabras sencillas, desde 1859 existe la posibilidad que ante un evento como el ocurrido con el derramamiento de melaza en un río de nuestro país se le reclame al responsable los daños y perjuicios ocasionados. Y exactamente lo mismo aplica con daños ocasionados por cables eléctricos no reparados o por derramamiento de aceite en carreteras.

Aún más, desde 1998 contamos con una Ley de Medio Ambiente que dice que quien por acción u omisión realice emisiones, vertimientos o descarga de sustancias que puedan afectar la salud humana, ponga en riesgo o causare un daño al medio ambiente, o afectare los procesos ecológicos o la calidad de vida de la población, será responsable del hecho cometido y estará obligado a restaurar, agregando que en caso de ser imposible esa restauración, se indemnizará al Estado y a los particulares por los daños y perjuicios.

Esa misma ley incluso dice que el Estado está obligado a demandar cuando existan daños ambientales.

Traemos esto a colación porque nos ha sorprendido la reacción que han tenido los representantes del ingenio responsable del derramamiento de melaza. Han restado importancia a lo ocurrido, diciendo que no se trata de una sustancia tóxica, sino de una sustancia dulce con nutrientes. Los cientos de animales y plantas muertos y los kilómetros llenos de melaza no han resultado suficientes como para reconocer la magnitud de lo acontecido.

Además, han repetido que se trata de un accidente. Bajo ningún punto de vista dudamos que así sea, pero lo que pasa es que la negligencia es precisamente eso, un accidente; y nuestras leyes, desde 1859, responsabilizan a quienes hayan actuado negligentemente, por acción u omisión.

Limitándonos a la responsabilidad civil, estamos en presencia de un hecho ilícito que debe repararse. El daño medioambiental no debe ser visto como algo etéreo, sino que se concreta en afectaciones que las sufrimos todos y, por sobremanera, los que dependen directa o indirectamente de actividades productivas realizadas en los contornos de la zona afectada.

Un evento como el ocurrido debe llamar la atención inmediata de la Fiscalía, quien en su rol de defensor de los intereses del Estado y de la sociedad debe perseguir la reparación de los daños; sean del monto que sean.

Queremos ser enfáticos en decir que no estamos ni siquiera insinuando la existencia de una conducta criminal; simplemente pedimos que se persiga y obtenga la reparación civil que corresponde. Ya no dejemos pasar estas cosas.

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