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La responsabilidad debe ser norma básica en toda gestión pública

De la irresponsabilidad a la corrupción no hay más que un paso, y eso puede verse en cualquier parte donde el ejercicio de la función pública esté expuesto a la arbitrariedad y al abuso sin consecuencias.
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La Constitución establece que los funcionarios del gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley. Esto significa, en primer lugar, que la función pública no depende del arbitrio de quienes la ejercen; y, por consecuencia, todas sus acciones deben ser regidas por el principio de responsabilidad, conforme a sus explícitas atribuciones legales y al apego a los lineamientos de la conducta moral. Se trata de un orden que no puede ni debe tener excepciones, desde los más altos hasta los más bajos niveles de la Administración, y en cualquier área de ésta de que se trate.

Los casos de irresponsabilidad en el sector público se vienen dando y no de ahora: esta ha sido una recurrencia perversa a lo largo del tiempo, sin que se haya producido el tipo de reacciones correctivas y sancionadoras que son naturales y aun comunes en otros países, aun del entorno inmediato.

De la irresponsabilidad a la corrupción no hay más que un paso, y eso puede verse en cualquier parte donde el ejercicio de la función pública esté expuesto a la arbitrariedad y al abuso sin consecuencias. Avanzar hacia una dinámica en que la responsabilidad y la probidad campeen por obra de la efectividad de los controles institucionales es factor vital para que la democracia vaya desenvolviéndose de manera sana y ejemplarizante.

El caso de irresponsabilidad flagrante más notorio en estos días es el de FONAVIPO. Dicha institución, que entró en graves problemas financieros por meterse a hacer lo que no le compete, entró en “default”, es decir en incumplimiento manifiesto de sus compromisos de crédito, con lo cual éste le bajó a la categoría D, lo cual requirió una especie de salvamento de urgencia aprobado por la Asamblea Legislativa, haciendo lo de siempre: autorizando deuda para cubrir deuda. Tapar un hoyo abriendo otro. Pero lo más grave es que el crédito del país es el que ha sido llevado de encuentro, con las consecuencias desastrosas que eso acarrea, en imagen y en posibilidad real de acceso a buen financiamiento. Los bonos salvadoreños ya sufrieron el efecto. Y, para colmo de males, los Fondos de Pensiones, y las pensiones mismas, que ya estaban bajo signo de crisis, se complican aún más con la decisión legislativa de que las AFP compren más deuda improductiva.

Como siempre ocurre, la carga de la irresponsabilidad acaba recayendo sobre las espaldas de los que no tienen nada que ver con los desaguisados públicos, que son los ciudadanos. Se explica, entonces, que en el seno de la ciudadanía vayan creciendo las reservas y las sospechas sobre el proceder de los entes y de los funcionarios que constitucionalmente son sus delegados. Es claro que en el país hay que reconstruir los esquemas y los criterios de representatividad, para superar de una vez por todas las distorsiones tradicionales, según las cuales el poder sólo en la letra de la Constitución reside en el pueblo, ya que los que llegan a ejercerlo tienden a actuar como si fueran los depositarios exclusivos y excluyentes del poder, y esto sin distinción de procedencias o de colores.

En la campaña electoral, que es un momento en que los distintos aspirantes –partidos y postulantes– se dedican a ganar voluntades a su favor, tendría que demandárseles que hicieran compromisos explícitos y detallados sobre su comportamiento en el ejercicio de la gestión; especialmente compromisos verificables en lo que corresponde a la probidad estricta en el desempeño y a la responsabilidad inequívoca en sus decisiones.

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