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La responsabilidad fiscal debe ser asumida como un mandato de estabilidad

El descontrol financiero siempre conduce a situaciones de crisis, y esto se hace manifiesto más temprano que tarde. Lo que estamos viendo ahora en el país es un comienzo de rectificación inducido por la misma fuerza de la realidad, que se va imponiendo por su propia cuenta.
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Hemos estado y seguimos estando inmersos, como país, en un desajuste de conductas públicas que altera muy significativamente en plan negativo los mecanismos de funcionamiento nacional establecidos por los criterios y por las decisiones legales. Y tal situación no sólo afecta a la institucional en su desempeño propio sino que incide con alto impacto negativo en el desenvolvimiento de toda la actividad nacional, sea estatal o privada. Es por todo ello que las fuerzas políticas han tenido que ponerse en fila, no sin desacuerdos y fricciones, en el compromiso de la responsabilidad fiscal, que ya logró rango legal. El tema, como es evidente, está marcado por las discrepancias partidarias, en función de lo que cada quien aspira a lograr para su propio beneficio desde el gobierno y desde la oposición.

La responsabilidad fiscal tiene en verdad carácter estructural, lo que implica que no hay que limitarla a una exigencia que depende exclusivamente de los vicios y trastornos coyunturales. En términos amplios, la responsabilidad aludida se enmarca dentro de lo que exige el acatamiento de la lógica democrática, que es niveladora por excelencia. El caso salvadoreño es aleccionador en grado sumo, ya que el descuido persistente en el manejo de los ingresos y de los gastos nos ha llevado a situaciones tan calamitosas como el impago, que afortunadamente pudo resolverse sin pasar a más.

El tema de la responsabilidad fiscal está íntimamente vinculado con la necesaria austeridad que debe caracterizar toda gestión de recursos, sean privados o públicos, personales o colectivos. El descontrol financiero siempre conduce a situaciones de crisis, y esto se hace manifiesto más temprano que tarde. Lo que estamos viendo ahora en el país es un comienzo de rectificación inducido por la misma fuerza de la realidad, que se va imponiendo por su propia cuenta. Para el caso, el endeudamiento del Estado ha llegado a tales niveles que ya no admite más incrementos indiscriminados; pues aunque no se pueda cortar de tajo el recurso de acudir al crédito, porque las exigencias de estabilidad así lo determinan, es inevitable hacer cálculos limitantes que eviten daños mayores de presente y de futuro.

El balance tiene que estar dado por la nivelación entre aquello que se recibe y aquello que se gasta. Esto es una norma que no se puede transgredir sin exponerse a daños que podrían llegar a ser irreparables. A estas alturas, la carga financiera del endeudamiento que se ha venido acumulando está ya en el plano de lo insoportable, y lo que le tocará cubrir a la conducción gubernamental que se haga cargo a partir de 2019 es un compromiso de grandes dimensiones, independientemente de la línea partidaria que gane las elecciones. Esto de seguro posibilitó la reforma de pensiones que se dio recientemente después de interminables forcejeos e influyó de manera significativa en la aprobación consensuada del Presupuesto General de 2018 que se produjo en los primeros días de este año.

Lo que tenemos que aceptar en todos los terrenos de la realidad nacional es que hay que implantar la disciplina como norma de vida, porque de lo contrario seguiremos dando traspiés constantes en perjuicio de todos.

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