La responsabilidad fiscal no debe ser considerada mecanismo excepcional, ya que es obligación básica del buen manejo

No hay que seguir perdiendo tiempo en ejercicios vacuos, que sólo agregan frustración y desaliento. Es preciso entrarles a fondo y ya a los desafíos que el país tiene pendientes, para dar señales creíbles de avance verdadero.
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En el curso de la dinámica democratizadora, que entró en fase definitiva cuando el escenario político quedó abierto para la competencia política plena luego del fin negociado del conflicto bélico, los que han estado circunstancialmente en el ejercicio del poder se fueron habituando a hacer uso de mecanismos artificiosos para gozar de la mayor libertad posible en el manejo de las finanzas públicas. A fin de evadir la debida transparencia en dicho manejo se activaron mecanismos engañosos como los fideicomisos, que en su momento fueron considerados salidas ingeniosas, o como el montaje de presupuestos generales dizque equilibrados y financiados, dejando para después las argucias para conseguir fondos niveladores.

Es así cómo se ha tenido que acudir de manera sistemática al endeudamiento, que siempre habría que tratar responsablemente como una excepción rodeada de los mayores cuidados y garantías. Por el contrario, lo que se ha visto en nuestro ambiente es un tratamiento superficial e irreflexivo del mismo, lo cual ha llevado a que ahora estemos en condiciones francamente calamitosas, que pudieran conducir, si no se aplican los correctivos adecuados, a situaciones caóticas como sería un “default” o cesación de pagos por falta de liquidez para cubrir oportunamente las obligaciones vencidas. Precisamente cuando el manejo irresponsable ha trastornado las finanzas públicas es que el endeudamiento se convierte en la tabla de flotación habitual, con lo cual se van agravando cada vez más las condiciones distorsionadas.

Como pasa en todos los ámbitos de la vida, desde el personal hasta el nacional, para mantener los equilibrios saludables hay que practicar las disciplinas necesarias. En nuestro caso como país, los que están encargados de la gestión pública, sean cuales fueren su color político o su adhesión ideológica, tienen que adecuar dicha gestión a las posibilidades reales del ejercicio financiero. Querer impulsar iniciativas políticas sin tomar en cuenta los recursos de los que efectivamente se dispone es apostarle a la crisis. Esto es lo que vemos a cada momento en el país y es una de las fuentes de inseguridad más peligrosas y deteriorantes.

Las dos fuerzas partidarias de mayor peso deben aportar sus votos para lograr mayorías calificadas en la Asamblea Legislativa, y en función de ello el partido ARENA viene demandando en términos generales mecanismos de responsabilidad fiscal para aprobar más endeudamiento. Es así como está sobre el tapete de la discusión una eventual ley al respecto. En realidad, un marco desprejuiciado que permita asegurar la disciplina fiscal en todas las circunstancias vendría a poner orden en una temática que evidentemente está hoy fuera de control. Por consiguiente, lo que debería entrar a discutirse cuanto antes es un pacto fiscal de amplio alcance permanente, que contenga desde luego la normativa de la responsabilidad.

Todos los requerimientos de la realidad que vivimos apuntan al imperativo de generar consensos que viabilicen la acción institucional en los distintos ámbitos del quehacer público. No hay que seguir perdiendo tiempo en ejercicios vacuos, que sólo agregan frustración y desaliento. Es preciso entrarles a fondo y ya a los desafíos que el país tiene pendientes, para dar señales creíbles de avance verdadero.

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