La responsabilidad social institucional tiene que ser asumida y ejercida por todos los entes que forman la estructura del Estado

El problema más riesgoso que enfrenta la responsabilidad social institucional deriva de la incidencia de la política como factor determinante de las decisiones y de las acciones.
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Con la evolución de los tiempos también van cambiando los esquemas y los procedimientos, tanto en el área pública como en los distintos espacios privados. Esto, por supuesto, no se da ni podría darse en forma automática y mecánica, porque se trata de un funcionamiento que responde a necesidades y a proyecciones referidas a la misma naturaleza de los hechos humanos en sociedad. Lo anterior exige, entonces, una transformación ordenada, a tono con las circunstancias imperantes en cada coyuntura histórica. Y la circunstancia presente, caracterizada por la globalización y por la transversalidad, resulta aún más demandante de visiones y de innovaciones al servicio de la dinámica evolutiva.

El concepto de responsabilidad también va madurando conforme se generan los cambios en las esferas sociales e institucionales. Antes tendía a actuarse como si las realidades coexistentes en un momento determinado fueran casi autónomas, de seguro por efecto de la manera en que se ejercía el poder en sus diversas manifestaciones: con clara y no cuestionada tendencia a imponerse como factor decisivo. Las condiciones emergentes en las décadas que corren han hecho que el poder tenga que asumir disciplinas que están cada vez más vinculadas con el bien común, y eso hace que se pueda pedir cuentas y se tenga que rendir cuentas casi cotidianamente al respecto. Al ser así, la responsabilidad se perfila como factor insoslayable.

Así como se ha vuelto común hablar de responsabilidad social empresarial habría que insistir cada vez más en la responsabilidad social institucional, específicamente en referencia a las instituciones que integran la malla estructural del Estado, comenzando por el Gobierno. Y es que en este punto hay mucho por hacer, dado que otro de los dinamismos evolutivos en marcha impulsa a volver participativa la gestión pública, que ya no puede quedar librada al arbitrio de los que gobiernan, como ha ocurrido por tanto tiempo. Y esto lo vemos aun en países de gran desarrollo democrático, como es el caso de Estados Unidos, donde actualmente hay una especie de rebelión ciudadana e institucional frente al absolutismo que quiere levantar cabeza.

El problema más riesgoso que enfrenta la responsabilidad social institucional deriva de la incidencia de la política como factor determinante de las decisiones y de las acciones. Y este influjo puede ser muy perturbador y desestructurador porque la política está ahí en función competitiva, lo cual induce a poner la búsqueda de simpatías y de apoyos sobre todo lo demás. Como agregado hay que decir que los Gobiernos, en cualquier tiempo y lugar, viven recluidos en sus respectivos tiempos de vigencia, y por consiguiente son reacios a considerarse gestores de evolución en perspectiva. Eso hace que la responsabilidad social institucional tienda a quedar relegada frente al ansia de ganar imagen a cualquier costo.

Es muy conveniente y esclarecedor poner los debidos límites diferenciadores entre responsabilidad social institucional y populismo, sobre todo en estos tiempos en que repunta éste último, a la luz de las nostalgias regresivas tan en boga. También hay que distanciar a la responsabilidad social institucional del asistencialismo, que gana voluntades de manera coyuntural pero no sirve para transformar en forma positiva y sustentable las condiciones de vida. Este es un punto en que la credibilidad y la funcionalidad de la democracia se ponen a prueba, pues el ejercicio democrático auténtico tiene como ruta y como meta el bien común, sin cuya consecución todo se va quedando en humo de pajas.

En la medida que evolucionamos en la dirección apropiada y que se van sentando bases para la consolidación de la prosperidad con progreso, la responsabilidad social en sus variadas manifestaciones va perfilándose como el faro más orientador de la convivencia en proceso. Hay que asumir todo esto como uno de los mayores beneficios de la evolución satisfactoria, y no cejar en el compromiso de trabajar en armonía con ella.
 

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