La seguridad ciudadana es responsabilidad fundamental de las instituciones directamente encargadas de la misma

Se ha llegado a situaciones verdaderamente inverosímiles, como es el hecho de que, a la vista de todos, los habitantes de condominios en zonas riesgosas tengan que desalojar sus viviendas por temor a las presiones de los pandilleros.
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El crónico estado de inseguridad extrema que se vive en el país desde hace tanto tiempo es un factor erosionador constante de todas las actividades nacionales, tanto públicas como privadas. Cuando, allá al comienzo de la posguerra, comenzaron a aparecer señales de que se estaba incubando un problema mayor en lo que a conductas delincuenciales y antisociales se refiere, hubiera sido el momento oportuno para atajar el mal con medidas eficaces, de seguro con mucha más facilidad que en los últimos tiempos, cuando ya los tentáculos del crimen han penetrado a fondo en nuestra realidad. A estas alturas, ya no se puede andar con remedios caseros mientras el grave padecimiento estructural requiere tratamientos de fondo.

Tanto el crimen organizado como el fenómeno pandilleril vienen tomando posición en prácticamente todos los espacios del ambiente. Ahora controlan territorios y comunidades, imponiendo su voluntad a punta de fuego. La ciudadanía se ve envuelta en una amenaza permanente, lo cual incide de una manera muy negativa en el diario vivir de todos, con lo cual se complican aún más las condiciones para generar los despegues de crecimiento económico y de progreso social que tanto se necesitan.

Se ha llegado a situaciones verdaderamente inverosímiles, como es el hecho de que, a la vista de todos, los habitantes de condominios en zonas riesgosas tengan que desalojar sus viviendas por temor a las presiones de los pandilleros. Es la agobiante sensación del desamparo ante el accionar delincuencial, que se manifiesta con creciente desfachatez y sin escatimar alarde. No es de extrañar, entonces, que la colérica impaciencia ciudadana le esté demandando a las autoridades competentes no sólo más determinación sino, sobre todo, más acción.

Las autoridades directamente encargadas –que son la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República y el Órgano Judicial– tienen ahora la oportunidad de hacer valer su responsabilidad de manera verdaderamente convincente. Se trata de que la ley impere sin reservas de ninguna índole. Y eso es lo natural en un Estado de Derecho que busque merecer el nombre de tal: que la ley se aplique sin miramientos, con la contundencia y la efectividad que deben caracterizar siempre dicho ejercicio. Con la criminalidad, del tipo que sea, no sólo no es admisible negociar: ni siquiera se admite condescender, bajo la forma que fuere. El caso de la “tregua” entre pandillas que se activó en 2012 y el de la que en estos días se está ofreciendo para evitar que la autoridad cumpla con lo que le corresponde deben servir de ejemplo de lo que no se tiene que hacer desde la institucionalidad. Hay que entender de una vez por todas: la criminalidad, sea cual fuere su vestimenta, todo lo hará siempre para salvaguardar su accionar delictivo.

Reiteramos lo que señalamos en el párrafo anterior: si se quiere servir al Estado de Derecho, como es obligación expresa por parte de las instituciones públicas y sus representantes, hay que hacerse cargo sin ninguna clase de vacilaciones y por supuesto sin ningún tipo de componendas del compromiso con la seguridad de todos los habitantes del país, independientemente de su condición socioeconómica y de su ubicación geográfica. Esta es función irrenunciable.

En vísperas electorales hay que tener más cuidado con lo que se dice y con lo que se promete. En lo referente a la seguridad, lo ideal sería que todos los aspirantes coincidieran de veras en lo básico.

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