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La seguridad jurídica no se obtiene por decreto

<p>Como es sabido, la creación de un adecuado clima de inversión no es, ni por cerca, asunto de unos días; ni mucho menos es un tema que pueda tomarse a la ligera. Para construirlo se requiere el esfuerzo coherente, coordinado y continuado de todos los actores políticos, económicos y sociales, quienes con una sola visión se esmeren en propiciar condiciones atractivas a los inversionistas nacionales e internacionales.</p>
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<p>Por eso, sorprende que, en algunas de sus últimas intervenciones, el presidente de la República haya dicho que, en ocasión del acuerdo político por el que en apariencia se puso fin a la crisis institucional, él esperaba que en el corto plazo comenzaran a subir los índices de inversión, tanto foránea como local.</p><p>No pretendemos realizar un análisis exhaustivo de las razones por las que en El Salvador la inversión ha caído a niveles alarmantes, pero sí queremos señalar que dentro de esas razones, una de las determinantes es la inseguridad jurídica. Pues bien, la crisis institucional que hemos vivido ha generado la mayor inseguridad jurídica en nuestra historia reciente; propios y extraños hemos sido atónitos testigos del irrespeto a la división de poderes y del impune desacato a órdenes judiciales emanadas del máximo tribunal de justicia. La inseguridad jurídica ha sido tal, que hemos llegado al punto de poner en riesgo nuestra soberanía nacional y de dar una grave estocada al proceso de integración de la región centroamericana.</p><p>Y es claro que el retroceso que esto ha significado no puede recuperarse de la noche a la mañana; mucho menos cuando la ansiada recuperación se pretende sustentar en un arreglo político, que si bien permitió la observancia formal de las disposiciones constitucionales, se encuentra lejos de propiciar la verdadera independencia entre los Órganos de Estado. En realidad, lo que toca ahora es recoger los escombros y comenzar con paciencia pero a la vez con perseverancia el proceso de reconstrucción de lo que la intransigencia y la obcecación de algunos malos salvadoreños destruyó.</p><p>La inversión no vendrá porque el presidente de la República así lo decrete. Se requiere, entre muchos otros factores, que se dé evidencia cierta del respeto irrestricto a la Constitución, a la división de poderes, a la institucionalidad. Se necesita generar la confianza necesaria en el potencial inversionista, que sus inversiones no estarán sujetas a vaivenes políticos o a terquedades de los funcionarios de turno; se necesita que el inversionista perciba que las reglas del juego no cambiarán dependiendo de la animosidad de las autoridades electas. Todo ello es más que factible en el entendido que a ese afán contribuiremos todos, pero dados los últimos acontecimientos, no cabe duda que tomará su tiempo.</p><p>Por otra parte, hay que recordar que la crisis también ha dejado sus lecciones, siendo imperativo asimilarlas en su total dimensión; tanto hemos perdido todos, que bajo ningún punto de vista podemos darnos el lujo de caer de nuevo en similares situaciones. Es obvio que decimos esto con especial dedicatoria a la pronta elección del fiscal general de la República, dado que a la fecha existe una resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que declara inconstitucional la elección que de este funcionario se hiciera en el anterior período legislativo.</p><p>Lo que corresponde para no iniciar un descalabro institucional adicional al que ya hemos vivido es que la Asamblea Legislativa cumpla con la sentencia de la Sala de lo Constitucional y proceda a elegir al fiscal general de la República. No hacerlo así nos conduciría irremediablemente a un nuevo cisma, con la diferencia que esta vez, la ciudadanía ya ha aprendido la lección, ya conoce mejor sus derechos, y ya sabe cómo exigirlos.</p><p>&nbsp;</p>

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