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La seguridad y la probidad son tareas prioritarias para la próxima Administración gubernamental

Ahora mismo estamos enfrentados a una agenda de trabajo tanto institucional como social que se caracteriza por los factores de urgencia, integralidad, efectividad y visión de futuro.

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En esta etapa final de la campaña presidencial que llevará a las urnas el próximo 3 de febrero siguen menudeando las promesas y las ofertas electorales por parte de todos los aspirantes a ocupar el puesto más decisivo en la conducción del país durante el período que viene. Pero dada la inminencia de la decisión popular y la naturaleza de la competencia que está hoy en marcha, hay temas y cuestiones que ganan más protagonismo en el plano de lo que la ciudadanía espera y demanda de cara a esa nueva gestión por iniciarse. Entre tales cuestiones, la seguridad se manifiesta como un desafío al que ya nadie puede escapar porque así lo reclaman los agobios de la ciudadanía en las diversas áreas y territorios del país, y la probidad resalta como un imperativo que se ha puesto al rojo vivo después de todos los destapes de corrupción que se vienen dando en los tiempos más recientes.

En ambos temas hay enjambres problemáticos que se complican cada vez más porque aún no se han podido estructurar políticas gubernamentales que respondan a fondo y de manera definitiva a lo que la realidad exige. Como hemos venido reiterando a lo largo de la campaña, que tiene muchos meses de estarse moviendo en el terreno, ahora ya no tienen validez los ejercicios propositivos de índole general ni los derrames de promesas menudas: hay que presentar planes programáticamente estructurados, en los que las medidas y las iniciativas tengan una lógica que los articule y una estrategia que les dé capacidad de arraigo y de proyección. En otras palabras, lo que cada aspirante debería presentar es un plan de país, en el que todos los puntos vayan debidamente hilvanados en función de metas no sólo identificables sino sobre todo alcanzables. Los planes de gobierno al viejo estilo resultan inútiles a la postre, como se ha ido comprobando en el curso de las recientes Administraciones gubernamentales.

En lo que a la probidad se refiere, hay ahí componentes tanto institucionales como personales que en ningún momento habría que dejar de lado. El perfeccionamiento de los mecanismos institucionales que están llamados a garantizar la vigencia plena del Estado de Derecho es una obligación que hay que asumir de inmediato. Y aquí coyunturalmente está la inminente elección del Fiscal General de la República, que tiene que hacerse antes del 6 de enero próximo, y de la que debe resultar una gestión segura, independiente y valerosa, cuyas bases están dadas por la gestión que concluye. Las diversas fuerzas políticas están de nuevo a prueba en este caso.

Hay, desde luego, otros retos vitales para la Administración que viene, como son la continuación intensiva de la modernización institucional y la creación de condiciones para que la economía nacional se pueda desplegar como lo exige el progreso en las circunstancias presentes tanto nacionales como internacionales. En otras palabras, ahora mismo estamos enfrentados a una agenda de trabajo tanto institucional como social que se caracteriza por los factores de urgencia, integralidad, efectividad y visión de futuro. Esto nos hace afirmar, una vez más, que el trabajo por venir tendrá que afrontarlo quien asuma la conducción, independientemente de quién sea, porque son los componentes de realidad los que se van imponiendo en todas partes por encima de las diferencias o matices que se pongan en evidencia. Y esto tenemos que reconocerlo todos como una señal inescapable de los tiempos.

Tags:

  • seguridad
  • probidad
  • plan de país
  • Estado de Derecho
  • modernización

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