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La sensatez debe ser lo que impere en todo caso y circunstancia tanto en las decisiones como en las acciones que se den en el sector público

En nuestro país, la Comisión de la Verdad cumplió su labor reveladora, y eso habría que tenerlo en cuenta. Y además sería muy sensato entender que la verdad, la justicia y el perdón deben ir de la mano.
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Nuestra realidad nacional se ve constantemente expuesta a múltiples pruebas de estabilidad, de efectividad y de sostenibilidad tanto en los planos institucionales como en los ámbitos sociopolíticos. Dentro de ese panorama, las decisiones de la justicia constitucional han sido, sobre todo a lo largo de los años recientes desde 2009, cuando fueron elegidos cuatro de los magistrados de la Sala de lo Constitucional que ahora está en funciones, un detonador de valoraciones encontradas, desde los que aplauden todo lo que decide dicha Sala hasta los que se manifiestan de manera altamente crítica al respecto. En estos días, importantes decisiones de la Sala han venido a remover el ambiente, y conviene hacer valoraciones al respecto.

La Sala ha declarado inconstitucional una parte sustancial de la Ley de Amnistía aprobada en 1993, muy poco después de concluido el conflicto bélico. Aquella Ley no nació de la nada: fue un componente importante de la viabilidad de la solución, aunque haya muchas formas de opinar en cuanto a ello. Ahora, casi un cuarto de siglo después, hay que esperar que los efectos de esta decisión de inconstitucionalidad, que por varias señales era vía cantada, no se conviertan en motivo para activar aún más los parcialismos en cuanto a la aplicación de la justicia, ni en una cadena de persecuciones legales que tengan trasfondos políticos. Los españoles, en su propio caso nacional, fueron claros e inapelables: cerraron sin excepciones el capítulo de las persecuciones de los múltiples crímenes de su Guerra Civil y de la etapa franquista. En nuestro país, la Comisión de la Verdad cumplió su labor reveladora, y eso habría que tenerlo en cuenta. Y además sería muy sensato entender que la verdad, la justicia y el perdón deben ir de la mano.

El otro caso que acaba de resolver la Sala de lo Constitucional es el referente a la aprobación de los 900 millones de deuda en la última sesión de la legislatura anterior con el voto de diputados suplentes. Lo primero que hay que señalar al respecto es una cuestión de tiempo que se enlaza al tema de la oportunidad: la Sala se tardó más de un año en dictar sentencia cuando se trataba de un punto que requería ser resuelto lo más pronto posible para definir la suerte del crédito, a fin de buscar otras eventuales soluciones financieras. En cuanto al tema de los diputados suplentes, es cierto que se hizo uso de una triquiñuela para lograr la mayoría calificada en aquel momento, lo cual invalida tal decisión legislativa; pero otra cosa es la inhabilitación de los diputados suplentes en la actual legislatura: eso se debió aplicar a partir de la elección de 2018.

Insistimos en el punto del buen tino en las decisiones y de la oportunidad en el tiempo como elementos indispensables para asegurar que el proceso nacional vaya desenvolviéndose de la mejor manera posible, sin quebrantos ni desviaciones evitables. Y ya que nos estamos refiriendo a la función de la Sala de Constitucional, en ningún momento hay que perder de vista que este es un organismo de naturaleza muy especial y, por consiguiente, de responsabilidad también muy especial. Por su propia naturaleza dicha Sala desempeña una tarea jurídica que tiene a la vez un alto contenido político. Eso hace que la responsabilidad se multiplique y que el desempeño tenga que ser independiente en todo sentido, tanto respecto de las presiones de afuera como de cualquier tipo de fijaciones personales. También pues, en este ámbito tan preciso, hay que asegurar la debida madurez.

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