La situación de los inmigrantes salvadoreños en Estados Unidos tiene que ser un punto prioritario de nuestra política exterior

No se puede desconocer que el tratamiento de dicha problemática es arduo y espinoso, por la misma naturaleza de la misma. Hay razones para emigrar y razones para inmigrar, y esto habría que considerarlo en todas sus dimensiones y expresiones, para no caer en simplismos que resultan contraproducentes.
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Una enorme cantidad de salvadoreños radican en Estados Unidos llevados por la corriente migratoria que se incrementó luego del fin de la guerra interna, y que ha seguido creciendo en los años más recientes. Diversas circunstancias determinan tal emigración que en buena medida es indocumentada, y entre ellas está la tendencia natural a reunificar familias que han emigrado en forma disgregada por las mismas condiciones del fenómeno, que no sólo se refiere a El Salvador sino que abarca a otros países vecinos. En verdad se trata de una situación de carácter multilateral, con elementos causales tanto en los lugares de origen como en el lugar de destino. Esto hay que tenerlo muy en cuenta siempre para impulsar, de todas las formas posibles, el enfoque integrado de la problemática que más directamente nos concierne, en el que ninguno de los países involucrados –como son Estados Unidos, México y los del llamado Triángulo Norte de Centroamérica– podría quedar fuera.

No se puede desconocer que el tratamiento de dicha problemática es arduo y espinoso, por la misma naturaleza de la misma. Hay razones para emigrar y razones para inmigrar, y esto habría que considerarlo en todas sus dimensiones y expresiones, para no caer en simplismos que resultan contraproducentes. Estados Unidos será siempre país de inmigración; y los nuestros, países de emigración. Por consiguiente lo razonable y sostenible es ordenar dichos fenómenos de tal manera que todos los países pongan lo suyo para el control de la ilegalidad y para la apertura de oportunidades concretas y suficientes.

La actual Administración estadounidense ha llegado con un discurso antiinmigrante que asume con facilidad carácter virulento, aunque en lo que toca a las medidas prácticas se van viendo matices impuestos por la misma realidad. En estos días, la Administración prácticamente ha puesto en capilla ardiente el programa DACA, que favorece a miles de jóvenes indocumentados que llegaron siendo niños. Aunque dicho programa es de acción diferida, hoy lo que podría venir es su cancelación total si el Congreso no elabora en seis meses una solución definitiva. Y como ya se sabe cuántas dificultades hay ahora para tomar decisiones de este tipo en el Congreso estadounidense, porque las diferencias interpartidarias se han vuelto cada vez más complejas, lo que se está abriendo es un capítulo de gran incertidumbre que incide directamente en el destino de millones de “dreamers”, entre ellos miles de jóvenes salvadoreños.

Lo dispuesto por la Administración ha generado ya un significativo brote de protestas en Estados Unidos, incluyendo a muchos fiscales estatales. La batalla, pues, está en pie, y habrá que ver lo que ocurra en el futuro inmediato. Al respecto, los países que tienen cartas vivas en el asunto, como es el nuestro, tienen que movilizarse política y diplomáticamente para contribuir en la búsqueda de soluciones que puedan lograr permanencia de una manera más satisfactoria para todos. En nuestro caso, se ha definido ya que una misión especial, formada por el Gobierno y por los partidos políticos, viajará a Estados Unidos para hacer oír nuestra voz en la temática correspondiente. Temas cruciales como la renovación del TPS y la rehabilitación de DACA son las cuestiones claves a tratar. Y es de suma importancia que el país lleve una voz integrada, como debe ser en todo lo que concierne a la suerte del país y de su gente.
 

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