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La situación de los vendedores en las calles es mucho más que un tema de reubicación y de desalojo

El reto es impulsar el progreso, asegurar el orden y ampliar la prosperidad con la menor conflictividad posible, y esto hay que lograrlo en todos los órdenes de la vida nacional.
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En nuestro país la situación del empleo se ha venido volviendo cada vez más calamitosa, aunque haya iniciativas muy concretas y puntuales para estimularlo, especialmente entre los jóvenes. El hecho es que al haber crisis en el ámbito de la inversión, la disponibilidad de puestos de trabajo se limita en forma creciente, y a eso se suma una consecuencia que también es sumamente inquietante: la informalidad en que se mueven una gran parte de los que trabajan, porque las circunstancias que rigen el fenómeno laboral así lo determinan. Esto afecta a fondo las condiciones de vida de infinidad de salvadoreños, que abarcan al 65% de los que trabajan. Si bien estas personas logran, en la mayoría de los casos, a duras penas agenciarse lo mínimo para la supervivencia propia y de sus familias, carecen de toda protección y de toda seguridad, como si estuvieran en una tierra de nadie.

En forma periódica estamos viendo los conflictos de calle que se producen entre los vendedores que ocupan espacios dentro de las vías urbanas y las autoridades locales que buscan ordenar el escenario de su propia comunidad para hacerlo más convivible y acogedor; y tales conflictos, que con frecuencia desembocan en situaciones que perjudican a la ciudadanía en su desempeño cotidiano y que alteran el orden público con deterioro de la normalidad colectiva, no hay que verlos como simples trastornos del momento, sino encajarlos dentro de un enfoque más amplio de nuestras condiciones de vida.

En realidad, ahí está uno de los puntos realmente claves de la situación que en general se vive en nuestro país: el hecho de que tales condiciones de vida sean inadecuadas e insuficientes para responder a lo que se requeriría para poder decir que nuestra población se desenvuelve no sólo con los mínimos de la supervivencia elemental sino que tiene abiertas las opciones para lograr una vida en progreso continuo. Y el trabajo informal, que constituye una enorme franja de los salvadoreños actuales, representa un signo más que revelador de las agudas limitaciones que prevalecen en el ambiente, con graves efectos de inseguridad para las personas y con impactos significativos para la sostenibilidad financiera institucional.

No es casual ni simplemente voluntario el hecho de que tantos salvadoreños tengan que salir a las calles y a los sitios públicos a tratar de ganarse el escaso pan de cada día, afrontando riesgos de variada índole. Frente a dicho fenómeno, que es una realidad social inocultable, habría que emprender estrategias que vayan bastante más allá de los mecanismos de reubicación, sobre todo porque los salvadoreños nos hemos habituado a adquirir todo tipo de productos en la calle, lo cual invita a los que los ofrecen a ubicarse ahí para estar a la vista de la clientela. Este es un fenómeno de conducta popular que no puede ser manejado con meras disposiciones administrativas; y aunque las autoridades locales tienen también el deber de hacer mejoras visibles en sus respectivas comunidades, esto tiene que ir de la mano con un tratamiento englobador de todos los factores en juego.

El reto es impulsar el progreso, asegurar el orden y ampliar la prosperidad con la menor conflictividad posible, y esto hay que lograrlo en todos los órdenes de la vida nacional.

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