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La situación financiera irregular que se vive en diversos ámbitos del aparato estatal demuestra que hay fallas significativas en el manejo público

Evidentemente, desde las instancias encargadas de la gestión y de su seguimiento en los hechos y en los números no se hacen cuentas claras o bien no se dice lo que en realidad ocurre con las cuentas. Puede ser que haya malabarismos interesados en el manejo aludido o que por alguna parte se produzcan desviaciones que no se dan a conocer.
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Es constante el aparecimiento de irregularidades y de desajustes en lo referente a la gestión económica dentro de la institucionalidad gubernamental. La escasez de fondos se ha vuelto crónica, como lo demuestran los angustiosos forcejeos por obtener más dinero proveniente de créditos que tienen que ser aprobados por mayoría calificada en la Asamblea Legislativa; y la injustificable tardanza en el pago del FODES a las alcaldías del país viene a ser prueba patente de que el grifo de la normalidad financiera padece ahogos reiterados. Tal situación general, que ya es un quebradero de cabeza cotidiano, se suma a los múltiples problemas nacionales no resueltos, cuyas complicaciones pesan como fardos cuyo arrastre hace que se vayan dando traspiés en la ruta de un progreso cada vez más imprevisible.

Muchos analistas se cuestionan el referido estado de cosas, porque las cifras de lo que se recibe y de lo que se gasta no parecen cuadrar con el estado de trastorno crítico en que se hallan las finanzas públicas. Evidentemente, desde las instancias encargadas de la gestión y de su seguimiento en los hechos y en los números no se hacen cuentas claras o bien no se dice lo que en realidad ocurre con las cuentas. Puede ser que haya malabarismos interesados en el manejo aludido o que por alguna parte se produzcan desviaciones que no se dan a conocer. Por todo ello se está reclamando una auténtica sinceración, que no sea sólo sea de cifras sino sobre todo de actitudes y de responsabilidades.

Lo que ya no se puede ni se debe es continuar en este falseamiento constante de la realidad, que por supuesto no por ello deja de ser lo que es. Lo que habría que asegurar en definitiva es que haya siempre el debido equilibrio entre aquello con que se cuenta y aquello que se gasta o invierte. Sólo la gestión balanceada y verificable en los hechos es capaz de generar no sólo estabilidad sino también confianza. Lo que hemos venido padeciendo es la antítesis de eso; es decir, una progresiva inestabilidad y una desconfianza creciente, que mantienen al país asediado por múltiples amenazas de crisis.

La dinámica restauradora de la buena práctica financiera tiene que partir del compromiso de hacer bien las cosas en todos los sentidos. Entre los mecanismos saneadores deben estar el no usar los fondos públicos como caja chica para satisfacer intereses o aspiraciones de sector o de grupo, el autocontrol que evite los gastos superfluos o frívolos que son tan comunes en el aparato público y el entender sin excusas que sólo hay que acudir al endeudamiento cuando se tiene seguridad de que el mismo puede ser cubierto en su momento en forma segura y sin trastornos desquiciantes. Lo que ha venido ocurriendo al respecto es una irresponsabilidad garrafal, que al acumularse empuja hacia la inmanejabilidad sistemática.

Para que el país entre en fase de recuperación efectiva es indispensable que se dejen atrás todas las prácticas extralimitadas o abusivas, independientemente de quién las promueva o las ejecute. El país tiene que moverse en la línea de una auténtica gobernabilidad, ya que sin ella no hay cómo garantizar resultados positivos tanto de la gestión pública como del seguimiento social. Este es un requisito básico e insoslayable para que haya desarrollo realmente progresivo, con sustentabilidad y equidad.

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  • desajustes
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