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La sospechosa reforma constitucional

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Rubén I. Zamora

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El Órgano Ejecutivo, mediante decreto ejecutivo, ha nombrado una comisión bajo las órdenes del vicepresidente y compuesta por un pequeño grupo de abogados para que preparen la propuesta de reforma constitucional. Esta es una de las más importantes y delicadas tareas que la ciudadanía y el Estado pueden acometer y por ello es necesario analizar su oportunidad, la credibilidad que genere ante la ciudadanía y la transparencia, seriedad y legalidad que se merece.

El primer problema que enfrenta la iniciativa es su capacidad jurídica de asumirlo; la reforma ha sido desarrollada por el Legislativo y el texto constitucional establece que "únicamente puede ser propuesta por los diputados en un número no menor de diez", es decir, el Ejecutivo carece de iniciativa de ley en este caso, y se puede argumentar que si se ha puesto a preparar la reforma y lo está haciendo como su monopolio, se está metiendo en terrenos ajenos a sus funciones.

Una segunda fuente de sospecha es el comportamiento del Ejecutivo en su primer año, que dando amplias muestras de irrespeto a los mandatos y procedimientos legales, ha evidenciado una tendencia constante a sobrepasar sus atribuciones, usurpando las del legislativo y judicial y está librando una guerra abierta con las instituciones democráticas de control de la legalidad y la honestidad.

Estamos frente al más oscuro gobierno de la posguerra que se niega sistemáticamente a someterse a los controles democráticos y desecha la necesaria transparencia de sus acciones.

Las sospechas crecen cuando se analiza la trayectoria del Sr. vicepresidente sobre este tema; él desde hace meses proclamaba la necesidad de una "Nueva Constitución", basándose en que el art. 83 Cn. establece: "La soberanía reside en el pueblo" y deduciendo de ello que el pueblo puede deshacerse de la Constitución vigente y poner una nueva; sin embargo, siempre ha escondido lo que la Constitución dice a continuación: "que la ejerce en la forma prescrita y dentro de los límites de esta Constitución". El ABC del Constitucionalismo es este: se puede reformar la Constitución pero no se puede derogarla jurídicamente. La cruzada del vicepresidente por una "nueva Constitución" demuestra o un pobre conocimiento de la Constitución o una intención de cambiarla para cumplir los deseos del presidente de liberarse de los controles y balances constitucionales de la democracia.

La derogación de la Constitución, en nuestra historia, es propia del medio siglo de dominación militar, cuando se institucionalizó el golpe de Estado como instrumento para resolver los conflictos de la cúpula militar y cuyo primer decreto era abrogar la Constitución vigente para poder concentrar en la "Junta" los tres Órganos fundamentales del gobierno y cuando terminaba su mandato, tenía que dar una nueva Constitución.

El Sr. vicepresidente en diversos foros ha abogado por la creación de una ASAMBLEA CONSTITUYENTE, lo cual es un disparate constitucional, ya que, aunque nunca lo dice, para hacer una Constituyente se debe derogar la Constitución vigente primero, y esto es una imposibilidad jurídica, ya que no existe procedimiento legal para hacerlo; ni siquiera mediante la insurrección del pueblo, pues la Constitución lo prohíbe en el inciso segundo del artículo 87; y como funcionario debería sujetarse al mandato del artículo 86, inciso tercero: "Los funcionarios del Gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley".

Una tercera fuente de sospecha es la configuración de la propuesta; al inicio de su mandato el Sr. vicepresidente declaró que la reforma tenía un carácter "técnico" y no era necesario abrirla al público; frente a las críticas públicas, ha aceptado recibir propuestas vía internet. Esto podría ser útil, si realmente se buscara la participación del pueblo, pero como es el Ejecutivo el único que la maneja sin ningún control independiente, la consulta se vuelve sospechosa de que solo dirá lo que el gobierno quiere que diga, es decir, que se repitan las prácticas del fraude electoral de los gobiernos del PCN y los militares.

Y una cuarta fuente de incredibilidad es la triste historia de lo que ha sucedido con el grupo de constitucionalistas que iban a elaborar la propuesta: todos los invitados con credenciales o se negaron a participar y los dos que quedaron ya renunciaron; el vicepresidente ha tenido que rellenar los puestos con personas cuya trayectoria constitucionalista es desconocida.

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