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La territorialización del crimen es un reto máximo para la institucionalidad

La territorialización invasora por parte del crimen organizado, con todas sus derivaciones contaminantes, hace que el mapa humano muestre viciosamente una especie muy malsana de doble realidad: por una parte la distribución del poder legal y por otra la superposición del poder criminal.
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Si algo trastorna toda la actividad del país es el control territorial en las más diversas zonas, que ejercen los grupos pandilleriles en forma desembozada y a la vista de las autoridades correspondientes. Tal hecho, que en cualquier otro momento hubiera sido inconcebible, es hoy el factor que más desquicia el vivir normal de la ciudadanía, y aun de los entes institucionales que se mueven en el terreno para cumplir sus funciones específicas. La territorialización invasora por parte del crimen organizado, con todas sus derivaciones contaminantes, hace que el mapa humano muestre viciosamente una especie muy malsana de doble realidad: por una parte la distribución del poder legal y por otra la superposición del poder criminal. Es como vivir en dos planos completamente incompatibles, lo cual genera distorsiones permanentes que contaminan la realidad en todas sus formas, perspectivas y niveles.

Las autoridades correspondientes han reconocido de manera explícita que no se ha avanzado lo suficiente en la recuperación de territorios. Dicha aceptación tendría que verse como el inicio de una nueva fase en el tratamiento correctivo de una situación que está a todas luces fuera de control para la institucionalidad. Cuando se conocen detalles precisos sobre las formas en que los pandilleros intimidan a los ciudadanos que se desplazan hacia o desde sus lugares de trabajo o sus sitios de residencia y a aquellos que hacen labores de transporte por comunidades o colonias de la más variada ubicación es patético comprobar el estado de indefensión ciudadana al que hemos llegado.

Por consiguiente, y sin posibilidad admisible de esgrimir algún tipo de excusa o de pretexto, lo que se impone, por mandato de la ley y por exigencia de la responsabilidad, es aplicar un plan de lucha antidelincuencial que tenga como propósito sacar del juego a los criminales, sin violencia premeditada pero con la debida energía, haciendo que carezcan de arraigos en lugares específicos y que puedan organizarse y desplegar sus prácticas de cualquier forma que sea. Permitir que la territorialización del crimen continúe haciendo de las suyas sin hallar mayores obstáculos para ello es no sólo despojar a la legalidad de su fuerza legítima sino dejar a los ciudadanos en riesgo creciente.

La estrategia institucional es en todo caso el instrumento superior para rectificar todas las distorsiones existentes, y dicha estrategia, para que realmente funcione, tiene que comprender todos los factores del problema y tener a su disposición todas las herramientas que hagan factible llegar al fondo de la problemática aludida. Lo primero, por supuesto, es decidirse a actuar sin contemplaciones dentro del marco legal, para acorralar al crimen y fortalecer la credibilidad institucional.

Así como están las cosas, hay un peligro cierto de que la institucionalidad entre en fase de colapso progresivo. Eso es lo que menos se quiere, y por ello hay que apuntarle a lo positivo por medio de la acción que trascienda las palabras.

La población clama por respuestas que sean verificables en todo sentido, y ese clamor es la mejor presión para que las cosas cambien.

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