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La transparencia en todos los órdenes del funcionamiento institucional es un requisito básico de estabilidad

No sólo no hay que bajar la guardia sino que es preciso incrementar los controles correspondientes.

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Después de vivir durante tanto tiempo bajo el imperio de la opacidad y del encubrimiento en prácticamente todos los ámbitos del desempeño público, los salvadoreños estamos presenciando una dinámica de destapes que dejan a la vista múltiples vicios que se daban impunemente sobre todo en los niveles más altos del poder. Esto no se ha dado por casualidad ni en forma espontánea: es la evolución democrática, que afortunadamente no ha tenido quiebres en su desenvolvimiento progresivo, la que ha traído estas aperturas esclarecedoras que, por todo lo que se ve, ya son básicamente irreversibles. Reconozcamos, en primer término, tal avance depurador, para desde ahí continuar impulsando dicho proceso.

Ahora nos encontramos inmersos en un ejercicio de renovaciones que, por efecto del cambio que se está produciendo en el ejercicio político resultante de las decisiones ciudadanas más recientes al respecto, vienen aparejadas con muchas interrogantes sobre lo que podría traer el futuro inmediato. No estábamos acostumbrados a este tipo de expectativas políticas abiertas, y eso obliga a recomponer actitudes para no caer en negatividades pasionales ni en distorsionamientos regresivos. De lo que se trata es de seguir el curso de nuestro proceso en forma predominantemente racional.

Y la racionalidad que se ha vuelto un imperativo de sostenibilidad en todos los sentidos de nuestro desenvolvimiento nacional implica no dejar nada encubierto ni solapado. Ahora, los reclamos de transparencia se van volviendo cada vez más apremiantes, y están a la orden del día, con todo lo que ello significa y representa para el buen desempeño de la institucionalidad en su conjunto y de todos los entes que operan dentro de ella. En este punto, hay que contar en todo momento con los instrumentos y los recursos legales y funcionales que les den sostén y viabilidad a las diversas acciones que hay que ir emprendiendo al respecto.

En razón de las experiencias vividas específicamente en el tema de la probidad, se hace indispensable mantener una vigilancia puntual y eficiente sobre el manejo de los asuntos públicos por parte de los funcionarios encargados de ello. En este sentido, no sólo no hay que bajar la guardia sino que es preciso incrementar los controles correspondientes, porque se debe tener en cuenta que el abuso va buscando siempre todas las vías posibles para alcanzar sus perversos objetivos.

En esa línea, hay que contar con los instrumentos legales convenientes y suficientes para que la lucha por la transparencia y por la corrección pueda ser verdaderamente eficaz en el tiempo. Una sana y plena legislación sobre probidad se vuelve entonces un objetivo prioritario en el orden de proveerle al proceso nacional la funcionalidad que sustente sus avances y confirme su credibilidad. En tal sentido, lo que se haga y se deje de hacer debe estar siempre rodeado por una indubitable y confiable transparencia.

Reiteramos que ninguna zona o área del quehacer institucional debe ser ajena a este empeño de clarificación y de visibilidad permanentes. Las entidades ciudadanas que están dedicadas a tal vigilancia tienen que mantenerse siempre al acecho de cualquier señal de que hay encubrimientos en marcha; y la lupa transparentadora no debe descuidar en ningún sentido el ejercicio del poder en todos sus niveles. Ese es uno de los componentes vitales e insustituibles de la normalidad que provee el buen ejercicio democrático.

Velar por la transparencia constituye, entonces, una responsabilidad constante en función de salvaguardar la limpieza institucional y el progresivo perfeccionamiento de la democracia en acción. Y es responsabilidad compartida por todos.

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