La tregua: información como bien público

El miércoles pasado, la jueza Especializada de Instrucción decidió levantar la reserva al proceso judicial que enfrentan 21 implicados en la tregua entre pandillas pactada entre 2012 y 2013.
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Uno de los argumentos de la jueza fue que “el derecho a la justicia es un bien público”. La decisión me sorprendió sobre todo porque desde que hablamos de tregua, más pareciera que todo el sistema se cierra para que nos enteremos poco.

La decisión de la jueza es un ejemplo claro de lo que este país necesita. Por un lado, la valentía de mostrar a la sociedad en conjunto lo que en su tribunal se discuta, no importa lo grave que sea. Y por otro, soportar las presiones que seguramente ha tenido para que este caso se mantuviera en reserva.

La tregua siempre olió mal. Nada que se haga en secreto puede salir bien. Aunque aún no hay condenas, lo que se tuvo que ceder para lograrla implicó la comisión de múltiples delitos. No nos vayamos lejos, el permitir que ingresaran teléfonos a los centros penales es un delito grave. Muchas madres y esposas de reos purgan penas porque intentaron introducir teléfonos y chips a sus familiares reos.

Los videos, audios y las declaraciones en la audiencia dan cuenta de lo que esta nos costó no solo en fondos públicos. Renta de ranchos y de otros lugares para convivios y reuniones con pandilleros. Pago de servicios a gente como Raúl Mijango y personas que él podía contratar. Nos costó, además, que las pandillas vean los homicidios como moneda de cambio. Y que además fortalecieran sus estructuras internas.

Nos costó y nos sigue costando.

Los salvadoreños debemos tener presente que nuestras autoridades nos mintieron deliberadamente. Lo ocultaron y luego lo negaron en la cara.

Cada nuevo descubrimiento es una decepción, porque viene de un gobierno que se vendió con eslóganes que aseguraban que esta vez sería diferente. No lo fue. Mintieron igual o peor.

En un conversatorio con quien entonces era ministro de Justicia y Seguridad Pública, David Munguía Payés, y periodistas, aseguró, el 28 de noviembre de 2011, que los homicidios bajarían. Ese mismo día, en una entrevista televisiva, se comprometió a reducir la delincuencia en un 30 %. Dijo que renunciaría al cargo si no cumplía con sus objetivos. También el entonces director de la PNC, Francisco Salinas, se sumó a la promesa y a la cifra del 30 %.

Nada sabíamos entonces de lo que las autoridades en el Gobierno fraguaban, pero es fácil intuir que ellos ya sabían cómo querían lograrlo.

Con la tregua, efectivamente, los homicidios disminuyeron. Pero también hubo traslado de pandilleros, suavizó restricciones a las visitas y, ahora sabemos, permitió el ingreso de ilícitos.

La decisión de la jueza le da transparencia al caso y nos permite sacar nuestras propias opiniones sobre lo que hicieron los gobernantes cuando los pusimos al frente del país.

Además, nos permite al menos intuir que hay más involucrados. Uno de los defensores en el caso, Luis Mario Pérez Bennet, ya da nombre y apellido y durante la audiencia preliminar pidió enjuiciar al expresidente Mauricio Funes y al ahora ministro de la Defensa, David Munguía Payés. En lo poco que coincido con este abogado es en que solo se están enjuiciando a funcionarios de bajo nivel, que, creo, no estaban en libertad de ofrecer por su cuenta el tipo de garantía que recibieron las pandillas.

No sé cómo hubiera evolucionado esta que se creía la solución a la constante alza de homicidios si desde un principio se hubiera dado a conocer. Sin duda hubiera generado mucha polémica, pero la población no se sentiría timada y se hubiera controlado la comisión de delitos en aras de una tregua que se rompió y de mala manera.

En este país, nada de lo que se ha hecho bajo la mesa ha funcionado y tenemos claros ejemplos a lo largo de la historia. No sé por qué nuestros funcionarios siguen creyendo que esta es la mejor forma de hacer política y cómo nosotros se lo seguimos permitiendo.
 

Tags:

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