La vigilancia ciudadana y el control institucional deben ir haciendo que las conductas públicas entren en orden

En El Salvador, a lo largo del tiempo, se han vivido dos formas de régimen político, cada uno de ellos con sus propias características.
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La vigilancia ciudadana y el control institucional deben ir haciendo que las conductas públicas entren en orden

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Antes de los años 80 del pasado siglo, lo que imperaba al respecto era un esquema que tenía carácter básicamente autoritario, y que partía del hecho de que el poder estaba determinado de manera directa por los poderes fácticos dominantes, con la Fuerza Armada como encargada de la gerencia del sistema político; a partir del colapso de dicho esquema ya en vísperas del conflicto armado surgió la democratización como forma de régimen basado en el ejercicio del poder por el depositario del mismo, que es el ente ciudadano, que hace delegar representaciones en el ejercicio público.

Curiosamente, y esto habría que analizarlo con más detenimiento y profundidad, durante la época en que imperó la forma autoritaria hubo en el país bastante menos corrupción que la que se ha venido dando desde que la democracia inició su andadura. Es como si al abrirse los espacios de la competitividad democrática se hubieran desatado al mismo tiempo los apetitos de aprovechamiento económico desde las distintas esferas del poder. Un viejo dicho popular viene teniendo entonces una creciente vigencia: “No me den, pónganme donde hay”. Y abundan los malos ejemplos al respecto.

Pero en contrapartida benéfica, la apertura democratizadora que es una de las características básicas de esta época nacional viene trayendo novedades sin precedentes en lo referente a la vigilancia de las conductas públicas. La impunidad, que era antes lo perversamente normal en lo tocante al desempeño indebido de los representantes institucionales, va cediendo de manera creciente ante el empuje de las tareas de vigilancia y de control que se ejercen tanto desde las entidades encargadas como desde la vigilancia ciudadana. Y el hecho de que la ciudadanía cuente ahora con mecanismos de comunicación cada vez más amplios y eficaces es un factor determinante en este ámbito.

Hoy el escrutinio tanto institucional como ciudadano es constante y va abarcando las distintas áreas del poder. Muchas cosas van saliendo a la luz, en contraste abierto con lo que pasaba hasta hace poco. En días recientes, para el caso, está sobre el tapete de la discusión el tema de los asesores legislativos, que evidentemente es una cuestión fuera de control razonable. El problema no es que haya asesorías, sino la naturaleza y la dimensión del esquema que se use. Los colaboradores, que siempre tendrían que ser en número reducido, es natural que sean permanentes; pero las asesorías deberían ser para situaciones específicas, y no derivar en plazas de tiempo completo. La situación que ahora se tiene en este punto pone en entredicho la normalidad institucional, y eso es lo que está bajo la lupa.

Y es que lo que, en todo caso, tendría que estar de relieve es el hecho de que la función pública es una gestión de servicio, cuya naturaleza responde al concepto básico de representación. De ahí que para cumplir a cabalidad el encargo que otorga la voluntad ciudadana, ya sea por voto directo o por nombramiento derivado, el que deba hacerlo tiene que poner la responsabilidad por encima de cualquier tipo de privilegio. Instalar dicho tipo de cultura implica reconsiderar a fondo la relación entre representantes y representados, que hasta hoy muestra múltiples distorsiones.

La democracia es un ejercicio de concienciación permanente, tanto en los ámbitos sociales como en los planos institucionales. Y lo primero de lo que se debe tomar conciencia plena y actuante es de que lo público es siempre una misión y nunca un botín. En la medida que esto se vaya concretando en la vida nacional se irá ganando efectividad y con ello credibilidad.

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