La violencia homicida no para y eso hace que el ambiente esté cada vez más saturado de angustia y de frustración

Hay que imponer el imperio de la ley, porque eso es lo que manda la misma ley. Y eso no es “mano dura” como algunos confunden, sino ejercicio del orden establecido por la misma legalidad vigente.
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El año 2016 se ha iniciado con un gran despliegue de homicidios resultantes de la situación que se vive por el accionar de los grupos delincuenciales organizados, que se enfrentan constantemente entre sí y con las fuerzas de la autoridad. Este fenómeno, como lo hemos vivido de manera creciente a lo largo de esta ya prolongada posguerra, no tiene hasta ahora verdaderos mecanismos de control, y por ello lo que se respira en la atmósfera nacional es una inseguridad cada vez más insoportable, con los efectos nefastos que se reproducen a diario en el ambiente. Nadie vive seguro en ninguna parte, y eso hace que la vida cotidiana se vaya volviendo una tensa y desgastante expectativa por sobrevivir. No es de extrañar, entonces, que haya tanto descontento y tanta ira entre la ciudadanía agredida y frustrada.

En estos momentos, todo puede ocurrir en cualquier momento y lugar, y ante tal situación que a todas luces se ha salido y se sigue saliendo de control, hasta lo más inverosímil se hace posible. Por otra parte, no hay certeza de nada: los muertos van apareciendo por doquier, en calles y caminos, en colonias y en terrenos agrícolas, a la orilla de los ríos y en los barrancos, y lo que casi en todo caso acaba prevaleciendo es la información a medias. Ante semejante panorama es evidente que hay que hacer sin más tardanza una verdadera reingeniería de los esquemas de investigación criminal y de inteligencia policial, de tal manera que la institucionalidad tanto fiscal como policial cuente con todos los recursos de punta para ir al fondo de la situación en el terreno de los hechos y no sólo responder a las acciones delincuenciales sino anticiparse a ellas yendo con todo hacia las estructuras que las producen.

El presente estado de cosas en lo que a la violencia homicida se refiere ya no puede ser tratado con los métodos convencionales. Como bien dijo el Fiscal General de la República en la escena de la espeluznante masacre de 11 personas en San Juan Opico en días pasados, hay que acudir a medidas excepcionales, ya que en verdad estamos en una situación excepcional. En palabras del Fiscal, “ha llegado el momento de que el Estado dé respuesta a la población... Debe demostrar el imperio de la ley”. Luego de dicha masacre, la Policía anunció medidas duras y contundentes. Hay que seguirles el curso a las acciones que vengan, para hacer valoraciones. Porque en efecto, y como hemos venido sosteniendo a lo largo de todos estos años, y cada vez con más énfasis, no se trata de inventar estrategias sino de activar responsabilidades. La autoridad tiene que imponerse, con todos sus recursos y sin cuartel, de tal manera que los que delinquen o se disponen a delinquir reciban lo que les corresponde conforme a la ley, sin contemplaciones ni evasivas.

La sensación que impera generalizadamente es la de un Estado que si bien realiza actividades en el terreno carece por ahora de la plena efectividad que generaría en la población la confianza indispensable para ir desactivando el temor y pasar así a una normalidad cada vez más sólida y sustentada. Se tiene que imponer el imperio de la ley, porque es lo que manda la misma ley. Y eso no es “mano dura”, como algunos confunden, sino ejercicio del orden establecido por la misma legalidad vigente. Hay que salir de la intimidación que está ejerciendo el crimen sobre la autoridad. Sin que eso se produzca de una manera creíble y proyectable la situación continuará siendo lo que es: un vivero de malos augurios para el inmediato futuro.

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