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La vulnerabilidad se enfrenta con acciones y no con lamentaciones

Antes que perder más tiempo en la larga lista de tareas que los gobernantes anteriores no atendieron, a las autoridades actuales les corresponde defender el interés ciudadano y darle carácter de emergencia a todas las inversiones que permitan reducir esos caudales, de ser posible en asocios público-privados o estimulando a la misma industria que se ha visto favorecida con la eliminación de la tramitología para el desarrollo urbanístico.

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Los desastres naturales, sus afectaciones y víctimas no caben en la discusión política, hacerlo es indigno, una falta de respeto para las familias que todavía lloran a familiares lesionados, extraviados o fallecidos debido a la tormenta. Pero combatir la vulnerabilidad, mejorar la coordinación del aparato gubernamental en función de la población, investigar si alguna cartera de Estado ha tenido responsabilidad por negligencia o por despilfarro cuando una obra recién inaugurada colapsa ante el primer embate y hacer valer la normativa de preservación medio ambiental sí es materia de discusión pública.

La gravedad de los efectos del paso de la tormenta tropical Bonnie en el área metropolitana de San Salvador quedó consignada en cientos de imágenes; los barrios que antes se inundaban, lucieron como siempre, aunque en algunos de ellos al drama hubo que añadir la ausencia de organización pública en su auxilio. Y además, los vecinos de colonias, residenciales y comunidades en las que antes no se sufrían estas contingencias se vieron sorprendidos, desde áreas comerciales exclusivas hasta zonas marginales.

La interrogante que debe empujar a los capitalinos, así como a los de algunas cabeceras departamentales en los que se vivieron escenas parecidas hace algunas semanas no es si llovió más o llovió menos sino ¿por qué estamos tan pobremente preparados para la contingencia? Y por supuesto, las decisiones que el Ejecutivo tomó prácticamente desde que asumió, los nombramientos de personal con más afinidad que credenciales técnicas en las posiciones clave de protección civil y medio ambiente y el desmantelamiento de la gestión de sus propios alcaldes luego de la extinción del Fondo de Desarrollo Económico de las Municipalidades han tenido que ver en el desconcierto y la lentitud de la respuesta observada el fin de semana.

Igual de obvio es que la inundación de áreas que antes no figuraban en el mapa de vulnerabilidad es un síntoma de un problema mayor. A menos suelo funcional, menos protección durante las lluvias y mayor riesgo de escorrentías e inundaciones. Y en el caso de San Salvador, la situación hace ratos que dejó de limitarse a la zona baja del área metropolitana.

Antes que perder más tiempo en la larga lista de tareas que los gobernantes anteriores no atendieron, a las autoridades actuales les corresponde defender el interés ciudadano y darle carácter de emergencia a todas las inversiones que permitan reducir esos caudales, de ser posible en asocios público-privados o estimulando a la misma industria que se ha visto favorecida con la eliminación de la tramitología para el desarrollo urbanístico. Ese tema está directamente relacionado, ya que a menos que los grandes proyectos que le han cambiado la fisonomía a la ciudad incluyan un componente verde que supere lo ornamental, esta versión del progreso llevará aparejada la misma versión de la vulnerabilidad para San Salvador.

El otro tema que ha sido comidilla de los salvadoreños, lo de la infraestructura hospitalaria en lamentable estado cayéndose a pedazos, eso no admite una lectura con tantas aristas y ángulos y es estrictamente una acumulación de pobreza, indolencia, mala administración y tener las prioridades en cualquier otro lado menos en lo fundamental. Y ha sido tan común a los sucesivos gobiernos que cuando se excusan, lo único que hacen es parecerse al anterior. Lo que cambia es a quién le endilgan las culpas, pero el pecado contra la gente es el mismo.

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