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Las agrupaciones criminales usan la violencia como máximo instrumento de presión sobre la sociedad y sobre la institucionalidad

Se han destapado en los últimos días entendimientos entre partidos políticos y pandillas durante el proceso electoral anterior, con altas sumas de dinero entregadas a los pandilleros. Esto hay que evitarlo a toda costa, y, en términos generales, la línea política sin excepciones debe ser perseguir al crimen con la ley en la mano hasta las últimas consecuencias.
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En estos últimos días se ha producido un significativo repunte en el número de homicidios que son producto del accionar criminal, y tal situación trae de nuevo a la mesa de la discusión lo que son las características de dicho accionar en el ambiente. Para empezar, queda claro una vez más que las estructuras organizadas del crimen se mueven conforme a propósitos y estrategias que responden sin duda a la finalidad criminal básica, que es constituirse cada vez más como un poder en el terreno, que está constantemente en lucha contra la institucionalidad legal establecida. Esta, pues, es una contienda abierta y sin cuartel por el control de territorios y de comunidades, como se observa a diario por todos los rumbos del país.

Como es entendible dados los objetivos de la criminalidad organizada, lo que se pretende es poner toda la atención sobre el punto de los homicidios, ya que ahí tiende a enfocarse más la atención pública y hay más márgenes para generar temor y angustia. Reveladoramente, desde que se dio la tristemente famosa “tregua entre pandillas”, que resultó ser una vergüenza para la institucionalidad, nunca se trajo a colación el tema de las extorsiones, que se han expandido como una plaga y que tanto daño le causan al funcionamiento económico del país, tanto en lo personal como en lo social. La organización del crimen sube o baja la cuenta de los homicidios a su conveniencia, y ahora ha agregado un ingrediente todavía más perturbador: la muerte violenta de miembros de las estructuras policiales y militares y de sus familiares, para traumatizar dichas estructuras y debilitarlas lo más que se pueda.

Hay por supuesto matices en la interpretación de estos fenómenos tan desquiciantes. Ante el brote actual de homicidios, el Director de la Policía Nacional Civil ha manifestado que “es un interés de los grupos criminales elevar los índices de homicidios para propiciar y tratar de obligar al Gobierno y al Estado a negociar o a pactar con estos grupos”. Aunque desde el ámbito de las autoridades se viene expresando un contundente no a dicha posibilidad, siempre hay que estar en guardia, sobre todo en esta etapa preelectoral por la que vamos avanzando aceleradamente. Se han destapado en los últimos días entendimientos entre partidos políticos y pandillas durante el proceso electoral anterior, con altas sumas de dinero entregadas a los pandilleros. Esto hay que evitarlo a toda costa, y, en términos generales, la línea política sin excepciones debe ser perseguir al crimen con la ley en la mano hasta las últimas consecuencias.

Como hemos expuesto cada vez que se ha presentado la oportunidad de hacerlo, difícilmente podremos avanzar de veras en la ruta de las soluciones pertinentes y sostenibles si no hay un plan nacional que enfoque la complejísima problemática de la criminalidad como lo que es: un fenómeno de profundas raíces y de extensas ramificaciones. No se requieren más comprobaciones para saber que los planes parciales, por adecuados que sean, no son capaces de tratar y de resolver los problemas en su integridad y en su totalidad. Es hora de dedicarse a configurar dicho plan para evitar que las cosas se sigan trastornando.

Si hay conciencia de cuáles son los objetivos de las maniobras criminales, no debe haber ninguna duda sobre cuáles deben ser las iniciativas de respuesta desde el área de la institucionalidad. Es el país, su presente y su futuro lo que está en juego.
 

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