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Las arbitrariedades de la Asamblea

No se necesita ser abogado, connotado constitucionalista y, mucho menos, haber leído a Kelsen para asumir que la Ley de Probidad aprobada tiene visos de inconstitucionalidad.
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Las arbitrariedades de la Asamblea

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 La reacción del Grupo Promotor, las opiniones vertidas por profesionales del derecho y la lectura del artículo 240 de la Carta Magna ya nos dan a los legos en la materia una pista de la nueva maniobra de la fracción del partido gobernante y sus satélites en la AL, para seguir legislando a su propia conveniencia. Y como en otras ocasiones, no con trivialidades, sino, ni más ni menos con un intento no disimulado de facilitar y encubrir la corrupción, mientras en todo el mundo se lucha por extirparla. Sin embargo, la mera aceptación del recurso interpuesto por dicho Grupo renueva nuestra confianza en la SC. Ojalá entiendan también el mensaje del vicepresidente Biden.

En esta cuestionable costumbre de la AL pueden intervenir factores que van desde una obsesión perversa de mantener privilegios, hasta la intención de comprometer a la oposición en algún “business”, pasando por la necedad de poner en entredicho a la Sala y el control constitucional. Independientemente de la razón predominante en este comportamiento amañado, resulta desde todo punto de vista censurable cualquier intención aviesa de debilitar la institucionalidad. Y lo que es igualmente reprochable: el desperdicio de energía que debería ser puesta al servicio del país para salir del atolladero, sin obviar la pobre imagen que proyectamos hacia el exterior.

Coincidiendo con este nuevo intento de atropellar la Constitución, altos funcionarios públicos arremetieron nuevamente contra la SC por haber detenido la colocación de $900 millones, debido a la cadena de irregularidades que cometieron los mismos de siempre. Ciertamente, para algunos, la dilucidación de este caso ha tardado más de lo que se pensaba; pero muchos tampoco estamos de acuerdo con que los asuntos de orden constitucional se traten de la forma viciada y atropellada como se estila en el congreso, para después exigir el mismo tratamiento a los problemas espinosos que allí se generan y lavarse las manos.

Esto permite aseverar que, en estos casos, la responsabilidad no es de la SC, sino de aquellos que permanentemente pisotean la Carta Magna. Sobre el caso de los bonos, ya en la columna que titulé “Entre la espada y la pared” (15-6-15) hacía ver la gran responsabilidad que tenía dicha instancia para resolver sobre un tema de suyo complejo. Por una parte, sostuve que si la Sala aprobaba su colocación en el mercado bursátil, ayudaría al gobierno a solventar sus deudas, pero sentaría un mal precedente que haría mucho daño a la institucionalidad. Obviamente, lo contrario ocurriría con una respuesta negativa. Este dilema sin duda lo ha tenido la Sala, pero a partir de unas declaraciones del magistrado Meléndez, entendí que si el gobierno estaba tan urgido de los recursos, nada le impedía presentar un nuevo proyecto que cumpliera con todas las de ley. Pero el gobierno se mantuvo aferrado a su proyecto inicial, mientras dirigentes del partido cometieron el despropósito de acusar a la SC de estar del lado de la delincuencia.

Este último señalamiento fue entendido por muchos como una desfachatez extrema y como una expresión más del desprecio del partido gobernante por todo aquello que no esté en línea con, o al servicio de, su causa; aunque con ello echen por la borda las mismas categorías –por no decir antojos ideológicos trasnochados– que ellos entienden como parte esencial de la democracia. Lo peor es que invariablemente tiran la piedra y esconden la mano. No ha desaparecido de la memoria colectiva aquel gesto del tristemente célebre anterior presidente del congreso de volver un circo la unción como presidente de la Corte a alguien que no calificaba para el cargo y posteriormente pretender que fuera la Corte Centroamericana de Justicia la que nos enmendara la plana. Muchos calificaron esa petición como un atentado contra nuestra soberanía, pero ahora igualmente rechazan la actitud cínica de quienes se oponen a una CICIES, aduciendo razones que en aquel caso les parecieron políticamente correctas. Ah, y todavía se recetaron arbitrariamente un seguro oneroso cuando el fisco está en rojo.

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