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¿Las autoridades de Tránsito infringiendo la ley?

De mil formas podemos identificar el irrespeto a las normas del tránsito de vehículos y personas. El número de accidentes de tránsito, la cantidad de muertes diarias y los costos que esto traslada al Estado en los ramos de Salud y Seguridad Pública son enormes, así como el daño al cuerpo social.

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Por doquier podemos ver conductores irrespetando las más elementales normas de tránsito. Cada quien hace como quiere y donde quiere, sin importar la señalización vial o las simples normas de cortesía. Esa actitud se ha ido convirtiendo en un modelo replicado exponencialmente en la conducta de muchos automovilistas y peatones. Las escuelas de manejo y la ineficiencia de las autoridades de Tránsito tienen una gran responsabilidad del comportamiento de los conductores.

La mayoría desconoce o no aplica las normas de tránsito y de convivencia armónica. Hay una actitud de egoísmo, de privilegiar mi tiempo y derecho sobre el del otro. Yo primero, tú después. Esta actitud es también del peatón y del de la moto, bicicleta o carretón. Es un derecho adquirido hacer lo que yo quiera en la calle, el andén o cualquier lugar público. Esa interpretación justifica pisotear el derecho del otro: el cierre de calles, la toma de espacios, aceras o predios baldíos. En las colonias y los pueblos la gente camina por la calle, no usa las aceras. Poco importa el alto nivel de accidentes por estas causas, se siente intocable, su actitud es de reto, poniendo en riesgo su propia seguridad y la de menores con quienes se conduce.

El otro aspecto es la ineficiencia del departamento de Tránsito. No cumple su función. No practica la ley. El Reglamento General de Tránsito y Seguridad Vial, en el artículo 2, enuncia: “Este reglamento tiene por finalidad desarrollar las prevenciones a fin de establecer la aplicación de sanciones de orden gubernativo y económico en que incurran los que infrinjan las disposiciones del presente reglamento; estableciendo para vehículos y sus respectivos conductores, así como para peatones, todas las medidas necesarias encaminadas a garantizar la seguridad de personas e intereses, normalizando el tránsito, estableciendo el orden de la circulación y precaviendo los peligros que den lugar a desorden por falta de medidas adecuadas”. * ¿Queda clara su función y oficio?

¿Quién debería controlar internamente la efectividad del departamento de Tránsito? El reglamento de la Inspectoría General de la PNC, en el artículo 3, confirma: “La Inspectoría conocerá, a través de sus funciones de alta inspección, las disfuncionalidades de las unidades y los servicios de la Policía Nacional Civil, y formulará las sugerencias y recomendaciones convenientes para su corrección...”.

Y finalmente, si el funcionario que ejerce competencia, en este caso el ministro de Seguridad, el director de la PNC o la jefa de la unidad operativa, no actúa de acuerdo con su mandato, el artículo 235 de la Constitución establece: “Todo funcionario civil o militar, antes de tomar posesión de su cargo, protestará bajo su palabra de honor... cumplir y hacer cumplir la Constitución, atendiéndose a su texto cualesquiera que fueren las leyes, los decretos, las órdenes o resoluciones que la contraríen, prometiendo, además, el exacto cumplimiento de los deberes que el cargo le imponga, por cuya infracción será responsable conforme a las leyes”. *

No hay excusa.

*Negritas del autor del comentario.

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