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Las consecuencias de los despilfarros

El Salvador ha caído en falta de liquidez, por la mala administración de los recursos públicos y por los despilfarros reiterados, por lo que no se tienen los recursos económicos para hacerle frente a la deuda pública actual.
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 Es decir que para salir de la crisis económica se necesita un milagro, ya que en estos momentos se debe pagar alrededor de 1,200 millones de dólares a los acreedores representados mayoritariamente por organismos internacionales.

Pero el problema no es la falta de liquidez, dado que con malabares y argucia política se puede solventar el impase, tal como lo hizo ARENA en el pasado cuando aprobó en el año 2006 la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales con 46 votos de los 84 diputados, dado que el FMLN y Centro Democrático votaron en contra. Cuyo objetivo de ley era materializar la confiscación de 400 millones de dólares destinados al pago de pensiones y liberará así al presupuesto gubernamental de tal obligación.

Los diputados del FMLN, que votaron en contra de la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, tenían claridad de la flagrante violación de los preceptos constitucionales. Tanto así que en 2007, los entonces diputados Salvador Sánchez Cerén y Héctor Dada solicitaron se declarara inconstitucional el fideicomiso creado para financiar la deuda de las pensiones.

No obstante la Sala de lo Constitucional inadmitió el proceso y no entró a conocer a fondo porque el proyecto presentado no cumplía con los requisitos, ya que los actores no daban pormenores de los artículos de la Ley del Fideicomiso en los que se generaba la vulneración a la Constitución. En consecuencia el FMLN tenía honor y decencia en la defensa de los intereses de los pensionados.

De manera que se vuelve paradójico que aquellos diputados del FMLN que defendían la Constitución con decencia, ahora son los promotores del sistema mixto de pensiones, cuyo objetivo no es el bienestar del pensionado o volver más rentable su dinero a través de la participación en la bolsa de valores que permita obtener una mayor pensión. Sino justamente todo lo contrario: confiscar alrededor de 4,000 millones de dólares, para hacerle frente a la deuda pública de corto plazo.

Y es aquí donde estriba el mayor problema financiero de El Salvador, ya que se ha caído en insolvencia o sea que no se tiene dinero a futuro para honrar los compromisos que se han adquirido previamente, lo cual imposibilita que nos otorguen nuevos créditos internacionales debido a la falta de pago, excepto que se hagan los ajustes fiscales por medio de la creación de una ley de responsabilidad fiscal.

Pero como se ha evadido el tema de la responsabilidad fiscal desde hace mucho tiempo, el FMLN vio como único camino para salir del problema de déficit fiscal la confiscación de las pensiones a través del nuevo sistema mixto, pero como no ha tenido ningún resultado positivo, descubrió un nuevo camino, por ello de forma sorpresiva solicitó reformar la Ley del FOP, que ellos mismos habían solicitado su inconstitucionalidad en el año 2007. No obstante aprobaron la reforma con 46 votos.

Con el dinero confiscado de los ahorros de pensiones, no solo suplirá lo que el Gobierno toma prestado cada año, que son unos $400 millones, sino que la nueva reforma contempla que la medida será de carácter permanente, es decir, que de ahora en adelante cada vez que se venzan los CIP, el Gobierno podrá echar mano de ese recurso de pagar “con más deuda” la deuda que tiene con las AFP. No hay duda: huele a inconstitucionalidad.

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