Las correcciones institucionales van siendo cada vez más apremiantes en el ambiente por efecto de la dinámica propia del proceso nacional

En definitiva, de lo que se trata es no sólo de hacer limpieza saludable en el aparato estatal sino de darle consistencia a la cultura del buen desempeño institucional, con la transparencia y la responsabilidad debidas.
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Como hemos venido señalando cuantas veces ha sido oportuno, el proceso que se manifiesta en los distintos ámbitos de la realidad salvadoreña durante todos estos años posteriores al fin de la guerra muestra cada vez más impulsos correctivos y ordenadores de la realidad. Esto se produce progresivamente entre múltiples dificultades de recorrido y persistentes resabios del pasado. La problemática del país es compleja al máximo, y la complicación más determinante proviene de la falta de madurez política generalizada para encarar los retos pendientes. Sin embargo, se van abriendo brechas de modernización responsable, pese a todas las resistencias. Con creciente frecuencia se ven iniciativas que van por esa ruta, y esto hay que considerarlo en lo que vale.

Por ejemplo, en lo que toca a la Fiscalía General de la República, el nuevo titular, que surgió casi de improviso, luego de que las dos fuerzas partidarias principales estuvieran haciendo pases que no concluían en nada, mostró desde el primer momento una voluntad explícita de cumplir su rol de manera responsable, conforme a los requerimientos de la institución como tal y del momento que se vive. Acaba de producirse ahí una especie de reingeniería orgánica, que de seguro era necesaria para reorientar el trabajo interno; y al anunciar estos cambios administrativos, que implican 60 movimientos de funcionarios, el Fiscal General ha manifestado que hay indicios de infiltración de intereses externos en el desenvolvimiento de las investigaciones y procesos propios del hacer institucional. Esto, que era una sospecha muy viva y reiterada en el ambiente, debe ser erradicado sin reservas ni contemplaciones.

En otros sentidos también se están dando movimientos hacia una racionalidad más eficiente en los esquemas institucionales y en el control de las erogaciones correspondientes. Para el caso, hay un movimiento dirigido a ir eliminando el gasto superfluo en la Asamblea Legislativa, comenzando por la reducción del número de directivos de la misma, que evidentemente está por encima de las necesidades comprobables, ya que en las condiciones actuales responde al vaivén de los arreglos políticos. Y desde luego el tema de los asesores es una rendija por la que se cuelan muchos abusos, porque no hay controles adecuados para asegurar que dicha figura no se convierta en un reparto de beneficios. En la Fiscalía había 6 asesores de la anterior gestión, que renunciaron al producirse el cambio; y en la Asamblea viene existiendo una gran cantidad de asesores que dependen de los intereses partidarios y cuya función es cuando menos nebulosa.

La tendencia al destape es una dinámica en marcha, y de seguro irá tomando cada vez mayor impulso, porque una vez que los sigilos de la impunidad pierden fuerza las cosas van saliendo a luz en la verdadera identidad y dimensión que tienen. En definitiva, de lo que se trata es no sólo de hacer limpieza saludable en el aparato estatal sino de darle consistencia a la cultura del buen desempeño institucional, con la transparencia y la responsabilidad debidas. En esa forma no sólo puede haber ahorros presupuestales significativos sino mayor confianza ciudadana en el desempeño de sus representantes.

El orden siempre tiene que ir acompañado de la disciplina, y ambas cosas son deficitarias en nuestro ambiente. El sector público está llamado a ser ejemplarizante al respecto, y el imperativo de serlo se hace cada día más fuerte de cara a la efectiva marcha del proceso nacional.

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