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Las historias que no conoceremos

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El Gobierno de El Salvador está promoviendo un pliego de reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), que en la práctica anulan el derecho al acceso a la información pública, eliminan la independencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), y dificultan enormemente la posibilidad de conocer información relacionada con el uso de fondos públicos, reduciendo la transparencia y rendición de cuentas a la población. Tal parece que hay muchos asuntos públicos que no quieren que conozcamos.

Con estas reformas, la ciudadanía perdería un procedimiento que permitió conocer casos de corrupción y mejorar los servicios públicos durante 10 años. A continuación, se muestran algunos ejemplos de las historias y asuntos de trascendencia nacional que se conocieron gracias a la aplicación de la LAIP en materias de servicio civil, contrataciones y salud pública.

Primero, el acceso a la información pública de las declaraciones patrimoniales y las auditorías de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia dieron la pauta para promover la investigación por enriquecimiento ilícito a exfuncionarios, incluidos expresidentes, como Elías Antonio Saca y Mauricio Funes. Precisamente, esta información brindó los insumos iniciales para los múltiples esfuerzos de lucha contra la corrupción de las instituciones públicas y sociedad civil en general.

Segundo, la LAIP permitió conocer el listado de asesores de todo El Salvador y especialmente potenció la discusión sobre las "plazas fantasmas" en la Asamblea Legislativa en 2013. En ese caso, el IAIP estableció el precedente que cuando colisionen los derechos fundamentales del acceso a la información y el de la privacidad, prevalecerá el primero, y potenció el control de los fondos públicos y la rendición de cuentas hacia la población.

Tercero, las municipalidades también han tenido que aumentar la transparencia de sus labores. La LAIP también incluye obligaciones a las municipalidades para divulgar contratos de servicios públicos, tales como los servicios de vigilancia o de recolección de basura en la municipalidad de Santa Tecla. Este cambio es valioso para asegurar el correcto funcionamiento de las contrataciones públicas, evitar prácticas de corrupción, y promover mejores servicios para la ciudadanía.

Cuarto, los viajes oficiales fueron áreas de prácticas indebidas por distintos funcionarios. En algunas ocasiones, algunos diputados declaraban y cobraban viáticos por viajes que no se realizaban. En otras ocasiones, los funcionarios realizaban viajes oficiales sin reportar la fuente de financiamiento de este, y un ejemplo muy conocido ha sido el viaje en un avión privado del director de Centros Penales a México en 2019. Todo esto fue gracias a la Ley de Acceso a la Información Pública que hoy quieren desnaturalizar.

Desde 2011 existen avances claros y evidentes gracias a la LAIP, a pesar de que hacen falta más casos por investigar y juzgar. Por ello, el Centro de Estudios Jurídicos y diversas organizaciones de la sociedad civil hemos solicitado la no aprobación del pliego de reformas legales fundamentado en la creación de barreras que desnaturalizan el ejercicio del derecho al acceso a la información pública y son un deterioro a la democracia salvadoreña. Estas reformas son un retroceso al pasado donde no contábamos con una ley de este tipo, e incrementará las historias de corrupción que no conoceremos.

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