Las instituciones deben actuar en forma no sólo eficiente sino también oportuna

Otro asunto que está en la mira es el referente al comportamiento judicial, dentro del cual se siguen dando situaciones que merecen correcciones inmediatas. Al respecto, tenemos el caso del juicio sobre los ciberataques contra medios de comunicación, y muy específicamente contra LA PRENSA GRÁFICA.
Enlace copiado
Enlace copiado

La institucionalidad pública del país está hoy bajo constante observación y escrutinio de la ciudadanía, con un número creciente de organizaciones que se dedican a monitorear el funcionamiento de las entidades que forman parte de la estructura estatal, en todos los órdenes y niveles. Esto ha venido dejando en evidencia una serie de fallas y de malas prácticas, que en el pasado tendían a pasar inadvertidas, porque la arbitrariedad y la impunidad tenían carta blanca. Pero la democratización en marcha le va poniendo freno a las irregularidades, en función de asegurar un desempeño que corresponda a lo que debe ser dentro de una dinámica verdaderamente responsable y confiable.

Al estar en vísperas ya inmediatas de los comicios para elegir concejos locales y diputados que entrarán en funciones a partir del 1 de mayo próximo, el tema de la eficiencia administrativa en el manejo del evento está en la mira de participantes, observadores y analistas. Lo ocurrido en 2015 dejó muchas lecciones por asumir, y hoy en 2018, con miras a 2019, hay que garantizar que la práctica electoral tendrá más seguridad y confiabilidad. Se han hecho simulacros sobre logística y sistemas, y en los pocos días restantes hay que perfeccionar el sistema en todo lo que sea factible. Muchas cosas no se han hecho con la debida oportunidad, y esto pone en riesgo la eficiencia. Se trata de que al final la objetividad de los resultados esté por encima de cualquier duda.

Otro asunto que está en la mira es el referente al comportamiento judicial, dentro del cual se siguen dando situaciones que merecen correcciones inmediatas. Al respecto, tenemos el caso del juicio sobre los ciberataques contra medios de comunicación, y muy específicamente contra LA PRENSA GRÁFICA, cuyo sitio web fue alevosamente clonado en 2015, con clara intención de desprestigio y de daño. El tribunal de Santa Tecla que conoció del caso emitió, contra toda racionalidad probatoria, sentencia de absolución a favor de los cinco imputados materiales; y aunque dicha sentencia se dio a conocer el 1 de diciembre de 2017, a estas alturas, casi tres meses después, el tribunal no entrega la resolución escrita, sin dar ninguna explicación de peso sobre ello. Esto atenta contra la dinámica normal del proceso y coarta el derecho de las partes a hacer uso de los recursos legales que tienen a su disposición, lo cual es contrario a un sano desempeño institucional.

Podríamos seguir trayendo a cuento casos que, en distintos ámbitos de la institucionalidad, merecen reordenamiento eficaz. Hay que hacer un esfuerzo realmente significativo, verificable y creíble en la línea de que las instituciones y los que están a cargo de ellas expresen sin reservas su voluntad de actuar en toda circunstancia conforme a la ley y no en la línea de intereses de cualquier índole.

Si algo hay que respetar y cuidar al máximo es el imperio de la legalidad, que constituye la esencia del Estado de Derecho, que es el esquema definidor y promotor del régimen de libertades que hemos asumido como instrumento histórico fundamental para nuestro desarrollo. Todos tenemos que sumarnos a esta causa para que el presente funcione y para que el futuro se habilite.

Lee también

Comentarios

Newsletter