Las instituciones gubernamentales tienen en todo caso que cumplir su función de manera responsable y ordenada, con respeto a la ley y al bien común

La deuda pública crece sin control y eso augura más problemas de corto y de largo alcance. El punto candente de la reforma inevitable del sistema previsional mantiene al país en ascuas, sobre todo porque las soluciones que el Gobierno propone sólo tienen por mira allegarle fondos al mismo para ir tapando los hoyos que se le abren a cada paso.
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En el país se vienen produciendo deterioros institucionales y sociales que provocan gravísimos daños en las condiciones de vida de la población. Este es un hecho que está a la vista, y que deriva en gran medida de la falta de una convicción política verdaderamente responsable, que ponga al bien común por encima de cualquier otra consideración o interés. En esto se continúan padeciendo los efectos residuales de los estilos y las formas de gestión del poder que imperaron durante mucho tiempo en el ambiente, y que de manera progresiva fueron construyendo la conflictividad que desembocó en el conflicto bélico interno. Ya en la nueva época, que es la que vamos recorriendo, los esquemas son diferentes pero muchas de las actitudes y posiciones mantienen cordones umbilicales con aquellos vicios tan aberrantes.

En estos días muchos de los problemas acumulados sin haber tenido soluciones realistas y sustentables están en fase crítica, lo cual pone a la institucionalidad en jaque y a la sociedad en tensa expectativa. Uno de esos problemas especialmente ríspidos y peligrosos es el referente a la insostenibilidad de las finanzas públicas, que luego de mucho tiempo de ser tratadas como si fueran objetos de ocasión, se hallan en el límite de su propia supervivencia; y aun así no hay visos de austeridad ni signos de buen gobierno financiero. La deuda pública crece sin control y eso augura más problemas de corto y de largo alcance. El punto candente de la reforma inevitable del sistema previsional mantiene al país en ascuas, sobre todo porque las soluciones que el Gobierno propone sólo tienen por mira allegarle fondos al mismo para ir tapando los hoyos que se le abren a cada paso. Y esto se complica todavía más cuando, como era previsible, la Sala de lo Constitucional frenó hace unas horas la decisión legislativa de subir el techo de la disponibilidad gubernamental de los fondos del FOP. Ahora lo único que toca es acelerar la búsqueda del acuerdo político que lleve a una reforma en serio.

La irresponsabilidad presupuestaria también es muy notoria y va dejando efectos negativos de toda índole. Estamos viendo la fragilidad inoperante en la que han caído muchas de las instituciones que prestan servicios públicos de primer orden, como por ejemplo en las áreas de Salud y de Educación, que tanto inciden sobre la estabilidad y el desarrollo. En todo esto, como en tantos otros campos de la actividad institucional, lo que debe imponerse es la disciplina constructiva, que sea a la vez transparente y eficiente. No podemos seguir con Presupuestos desfinanciados que sólo para saltarse escollos partidarios en la Asamblea Legislativa fomentan el constante desorden tan dañoso en todo sentido.

Las cosas se tienen que ir reorientando por ese rumbo correcto que con tanta insistencia pide y reclama la ciudadanía cada vez que se le consulta. Para actuar en consecuencia, el rumbo correcto tiene que ser definido y asumido de manera consensuada para que su puesta en práctica y su continuidad en el tiempo no queden expuestas a los vaivenes de la política momentánea, que es la que más dificultades va poniendo en función de sus intereses inmediatos.

La tarea nacional nos corresponde a todos, desde nuestras respectivas posiciones y situaciones. De ahí que cualquier propósito excluyente, por los motivos que sea, es una apuesta al fracaso anunciado. Evitémoslo a toda costa.
 

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