Lo más visto

Más de Opinión

Las mismas prácticas

La Ley de Ética Gubernamental tiene por objetivo normar y promover el desempeño ético en la función pública del Estado y del municipio, prevenir y detectar las prácticas corruptas y sancionar los actos contrarios a los deberes y las prohibiciones establecidas. Está vigente desde diciembre de 2011.

Enlace copiado
Sandra de Barraza

Sandra de Barraza

Enlace copiado

En los considerandos justifican su existencia para dar cumplimiento al artículo 1 de la Constitución: el fin del Estado es la persona; la organización del Estado es para la consecución de la justicia, la seguridad jurídica y el bien común. También justifican su existencia para responder a los compromisos internacionales suscritos en la Convención Interamericana contra la corrupción, en la convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica.

La ley establece que el actuar de las personas sujetas a la ley debe responder a trece principios definidos. Destaco dos: la probidad y la transparencia. La primera se refiere al actuar con integridad, rectitud y honradez. La segunda, al actuar de manera accesible para que toda persona, natural o jurídica, que tenga interés legítimo, pueda conocer si las actuaciones del servidor público son apegadas a la ley, a la eficiencia, a la eficacia y a la responsabilidad.

Todos los servidores públicos están obligados a utilizar los bienes, fondos, recursos públicos o servicios contratados, únicamente para el cumplimiento de los fines institucionales. La Corte de Cuentas, instancia contralora, fiscaliza la hacienda pública y la ejecución del presupuesto, vigila e inspecciona erogaciones, vigila e inspecciona cuentas de los funcionarios y empleados públicos que administran bienes públicos. Y lo debe hacer en todas las instituciones centralizadas, descentralizadas, empresas públicas, gobiernos municipales y en cualquier institución que recibe subvenciones o subsidios del Estado.

La Constitución de la República es clara. La ley es clara. Pero los funcionarios, esos que prestan, temporal o permanentemente, servicios dentro de la administración pública con facultad para tomar decisiones, continúan esforzándose por demostrar que están alejados de los principios éticos y de los derechos de acceso a información conferidos al ciudadano. El Ministerio de Defensa niega acceso a información a la Corte de Cuentas. La Dirección de Centros Penales niega información al Instituto de Acceso a la Información Pública. Y así continúa la lista.

La CICIES ya tiene trabajo. Para justificarla le asignaron tres casos emblemáticos de impunidad. Pero ¿de qué sirve gastar recursos internacionales si las prácticas internas están alejadas del marco legal que busca, precisamente, luchar contra la corrupción? ¿Hay compromiso serio con la probidad y la transparencia? Debe preguntarse porque el compromiso por erradicar la impunidad exige acceso a información. ¡Es increíble que a la Corte de Cuentas le impidan hacer su trabajo negándoles información que demuestre que utilizan eficaz, honrada y eficientemente los recursos públicos! ¿Continúan las prácticas que tanto se han criticado?

La Ley de Acceso a la Información Pública responde a los compromisos adquiridos en la Convención Interamericana de las Naciones Unidas con relación a la transparencia y a la rendición de cuentas de la gestión pública. Reconoce el derecho ciudadano a conocer la información sobre la gestión pública. Igual que la Ley de Ética Gubernamental, obliga a todos los funcionarios, de todas las instituciones, en todos los niveles, a proporcionar información. Nadie queda fuera pero se van creando barreras para proteger o protegerse. La tentación es convertir la información oficiosa en reservada y la reservada en confidencial. ¿Y entonces?

Poca información se tiene para valorar la eficacia del Tribunal de Ética Gubernamental. Las funciones salen caras y las financia el contribuyente. El Tribunal siempre está callado, con el riesgo de la irrelevancia y el olvido. Anuncian públicamente la investigación del nepotismo en la Asamblea Legislativa. Nadie duda que allí y en todos los órganos del Estado, hay prácticas de nepotismo. No los nombra el funcionario en cuestión, pero sí el amigo para pagar favores. Entonces ¿cómo van a comprobar semejante práctica? ¿Tendrá el Tribunal de Ética capacidad de demostrarlas? Ojalá se luzca porque el tema es de interés público. Los diputados son de elección popular, pero los parientes y amigos tienen empleo permanente y con derechos adquiridos.

Tags:

  • Ética Gubernamental
  • probidad
  • transparencia
  • Información Pública

Lee también

Comentarios

Newsletter
X

Suscríbete a nuestros boletines y actualiza tus preferencias

Mensaje de response para boletines