Las molestas investigaciones de Probidad

En enero de 2014 se abrió una nueva oportunidad en la historia de El Salvador en la lucha contra la corrupción. La Corte Suprema reactivó la Sección de Probidad, devolviéndole la facultad de pedir información a los bancos sobre las cuentas de funcionarios y exfuncionarios que estuvieran siendo investigados por posibles violaciones a la Ley de Enriquecimiento Ilícito.
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 Esta nueva etapa ha desembocado –hasta el momento– en el inicio de juicios por enriquecimiento ilícito contra tres expresidentes de la República, un diputado y un exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social.

Este avance en la lucha contra la corrupción está siendo opacado por especulaciones que en los últimos días han señalado que los “procesos en trámite puede ser declarados ilegales”, debido a que la Corte no había sistematizado por escrito los criterios para la selección de los casos en la Sección de Probidad. La Corte Suprema manifestó recientemente ante el Instituto de Acceso a la Información Pública que los criterios para elegir los casos y el orden en que deben ser investigados los funcionarios o exfuncionarios fueron emitidos hasta el 12 de mayo de 2016, y que antes no existían dichos criterios.

Todavía peor, la semana pasada conocimos que un grupo de abogados ha llegado hasta el punto de presentar denuncia ante la Fiscalía General de la República, pidiendo se investigue a algunos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se les imputa a estos magistrados la comisión de delitos por haber ordenado las investigaciones. Todo un sinsentido jurídico.

El artículo 240 de la Constitución señala la obligación para los funcionarios, de declarar el estado de su patrimonio. La Corte tiene la facultad de tomar las providencias que estime necesarias para comprobar la veracidad de la declaración. Así, es posible afirmar que desde el momento en que el funcionario presenta su declaración de patrimonio, se encuentra sujeto a una posible investigación por parte de la Sección de Probidad, sin la necesidad de determinar algún criterio relevante para la selección de su caso.

Además, ni la Constitución ni la Ley establecen la obligación de la Corte de emitir algún cuerpo normativo que determine la forma en que se seleccionarán los casos a investigar por la Sección de Probidad.

Semejante despropósito equivaldría a que la Fiscalía deba tener un manual que le indique cuál es el orden con que debe iniciar sus propias investigaciones, o que el Tribunal de Ética Gubernamental –que seguimos sin saber qué hace– tenga limitantes en cuanto al uso de sus facultades oficiosas, o que otro tanto ocurra en la Corte de Cuentas, todo porque no existe un cuerpo normativo que señale criterios específicos para elegir los casos a investigar. Nadie serio puede sostener eso.

Resulta ilógico someter la eficacia de la Constitución a una reglamentación que ni siquiera es mencionada en la misma disposición constitucional o la ley que regula el desarrollo del artículo 240 de la Constitución. En la Ley de Enriquecimiento Ilícito se establecen las condiciones básicas de las investigaciones y los juicios contra la corrupción, y esta resulta aplicable independientemente de si existe o no una reglamentación o sistematización de criterios de prelación con que deben desarrollarse los casos; lo contrario implicaría desconocer la fuerza vinculante del artículo 240 de la Constitución.

Por supuesto que aplaudimos que se haya hecho un esfuerzo por normar esos criterios de selección de los sujetos a investigar, pero si bien son oportunos, no pueden considerarse imprescindibles para que la Sección de Probidad y la Corte Suprema de Justicia cumplan con sus funciones; no deviene de ahí su facultad.

Confiamos en que estos intentos por dejar sin efecto las investigaciones ya realizadas serán vanos y que las acciones ya iniciadas podrán continuar sin obstáculo alguno.

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