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Las políticas de Estado son cada vez más necesarias y urgentes

El país merece visiones, actitudes y comportamientos de otro rango, que permitan apuntar hacia soluciones viables y sostenibles de los grandes problemas.
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El Salvador viene cargando problemas crecientemente complejos y delicados, que se complican más en la medida que no reciben los tratamientos adecuados a su naturaleza y a su impacto en la vida nacional. Enumerarlos resulta ya inoficioso, de tan conocidos que son en el día a día; y por eso resulta aún más incomprensible que no exista hasta la fecha ningún esfuerzo consistente, de parte de las fuerzas y los liderazgos principales del país, para definir una estrategia compartida en la línea de buscar soluciones creativas y eficaces a los problemas aludidos, entre los que sobresalen los referentes a la economía y a la seguridad.

Hasta la fecha, lo que se ven son políticas de Gobierno, que ni siquiera se caracterizan por una coherencia suficientemente clara y sustentada, cuando en verdad estamos necesitando políticas de Estado, es decir, capaces de afincarse en la realidad y de proyectarse en el tiempo. Desde luego, para que esas políticas de Estado surjan y se consoliden se requiere que el Estado responda a su verdadera responsabilidad generadora de proyección y gestora de progreso, con la permanencia que la propia condición estatal trae consigo. Lo que está fallando, pues, en la base, es el Estado como tal, y por ello era razonable plantearse una reforma del Estado, como se anunció hace ya tiempos, sin que se pasara de las palabras a los hechos.

La estructura estatal padece desajustes evidentes, y a eso se une la falta de disciplina en la interacción institucional, como quedó en evidencia inequívoca durante los llamados “choques de poderes” a raíz de sentencias de la Sala de lo Constitucional. En ese plano, los tres Órganos fundamentales del Gobierno dieron claras muestras de inoperancia conflictiva, que ha seguido manifestándose en diversas situaciones específicas. También hay distorsiones de orden objetivo, como es, por ejemplo, el desequilibrio financiero con que se trata a la Fiscalía General de la República en relación con el Órgano Judicial que, por disposición constitucional derivada de los Acuerdos de Paz, recibe no menos del 6% de los ingresos corrientes del Presupuesto estatal.

Desde luego, las políticas de Estado deben tener como guía los criterios modernos y consecuentes de conducción del mismo. La acción política nacional, sobre todo desde los más altos niveles gubernamentales correspondientes a los tres Órganos supremos, tendría que ser concebida, programada y ejecutada con la amplitud de proyección que el desarrollo democrático requiere. Esto se contradice a cada paso en los hechos del vivir cotidiano, dando lugar a que vivamos en una constante sensación de crisis, con los efectos desestimulantes de todo tipo que ello acarrea.

La dinámica pública tendría que basarse en ejercicios de comunicación y de entendimiento, a fin de evitar este continuo recaer en fricciones que no resuelven nada y que al final tienen que ceder ante lo razonable. Los casos del presupuesto para las elecciones y del manejo de la Ley de Medicamentos son ejemplo vivo de ello. Y como muestra de tozudez reiterada vemos lo que está pasando en la Asamblea Legislativa con la elección de magistrados de la Corte de Cuentas de la República.

En la gestión pública nacional, la mayor cantidad de energías se desperdician en discordias estériles y en mezquinos pleitos personalistas. El país merece visiones, actitudes y comportamientos de otro rango, que permitan apuntar hacia soluciones viables y sostenibles de los grandes problemas.

Tags:

  • soluciones creativas
  • condicion estatatal
  • institucional

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