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Las prácticas de corrupción en los servicios públicos no deben normalizarse

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Javier Castro De León / Colaborador de LA PRENSA GRÁFICA

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La corrupción tiene distintas manifestaciones, todas perniciosas, pero hay una que se esconde debajo del velo de prácticas cotidianas en los servicios públicos que presta el Estado; muy dañina y silenciosa, y que no debe normalizarse ni permitirse.

Lo anterior se demostró en una excelente investigación realizada por las universidades Francisco Gavidia y Dr. José Matías Delgado, bajo el auspicio de USAID, titulada: "Prácticas cotidianas de corrupción en los servicios públicos". En la misma, se define a dichas prácticas como el "conjunto coordinado y reiterado de acciones por parte de empleados a cargo de la prestación de servicios públicos para apropiarse de recursos destinados a uso público o poblaciones específicas; manipular el acceso a los servicios o permitir la evasión de cumplimiento de normas con la finalidad de que el servidor público, o un tercero, obtenga un beneficio privado".

El estudio, que recogió datos de 2018, identificó cinco sectores de mayor incidencia en prácticas corruptas: salud, educación, seguridad pública, justicia, y municipalidades, los cuales coinciden en constituir servicios esenciales para que la población se desenvuelva y viva con dignidad. La investigación señala que estas prácticas no son actos aislados; que se han incorporado en la dinámica sectorial; y que muchas pasan desapercibidas y son parte de la normalidad.

En el sector salud, en donde las prácticas corruptas retratan muy bien lo que se dice de que "la corrupción mata", se presentan situaciones tales como: empleados públicos participan en la sustracción de medicamentos, materiales e instrumentos de hospitales para su uso personal, venta externa o uso en establecimientos privados; traslado de pacientes hacia establecimientos privados para consultas, exámenes, cirugías, que les es sugerido cuando acuden al hospital público. En educación: incumplimiento de horarios por maestros; cobros indebidos a padres de familia; sustracción de paquetes o alimentos escolares. En seguridad: robos y hurtos en operativos policiales, y detenciones arbitrarias por parte de la policía. En las municipalidades: apropiación de donativos de ayuda por parte de empleados; pedir "comisión" a ciudadanos y empresas a cambio de permisos, y para agilizar trámites; nepotismo, al otorgar plazas municipales. En justicia: personal de juzgados pidiendo sobornos; procesamientos de detenidos sin mayores pruebas; y defensores públicos que cobran por ejercer defensa.

El estudio encuentra que la totalidad de prácticas cotidianas corruptas en los 5 sectores representa para los usuarios al año, de $783 a $886 millones, recursos que se ven obligados a desembolsar por un servicio público que el Estado está obligado a brindarles.

La corrupción en la prestación de los servicios públicos debe erradicarse, por lo que deben adoptarse medidas preventivas, tales como: mejorar el acceso a la información; impulsar campañas educativas y de concientización sobre los derechos de los usuarios, los trámites a seguir y lo que está prohibido; digitalizar procesos y contar con sistemas de transparencia e integridad. Asimismo, se requiere de medidas de control, como: investigar y procesar a quienes participan en las redes de corrupción, para desmantelarlas; fomentar la cultura de denuncia y crear canales seguros para ello.

La corrupción tiene muchas consecuencias negativas y el estudio clarifica una muy perjudicial, que no es normal pues es ilegal, que impacta en los salvadoreños más necesitados cuando reciben un servicio público.

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