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Las reservas a la información pública

En nuestro país, toda persona tiene el derecho a conocer la manera en la que sus gobernantes y funcionarios se desempeñan y tiene el derecho a saber cómo es que se está administrando la cosa pública. Todos los ciudadanos tenemos el derecho de acceso a la información pública.
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Este acceso prepara a las personas para asumir un papel activo mediante la construcción de una opinión individual y colectiva fundada sobre los asuntos públicos, lo que a su vez permite una participación mejor orientada, deliberante y responsable, de forma tal que los ciudadanos puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas.

Sin embargo, en los últimos días hemos visto en los medios de comunicación la creciente cantidad de “declaratorias de reservas” efectuadas por Órganos de Estado, entes descentralizados, municipalidades sobre la información pública que se les ha solicitado.

Es cierto que el derecho de acceso a la información pública puede estar sometido a ciertas excepciones, ya que existen objetivos estatales legítimos, valores o bienes jurídicos igualmente relevantes que podrían verse perjudicados por la publicación de información especialmente delicada.

Para el caso, la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) establece como límites a ella, por un lado, la información que es “confidencial”, por involucrar datos que le conciernen únicamente a su titular y sin duda alguna, va ligada a sus derechos a la intimidad, honor y propia imagen; y por otro lado, aquella que es “reservada”, cuyo acceso se restringe durante un período determinado y por causas justificadas.

Así, por ejemplo, el art. 19 letra b. de la LAIP prevé que es información reservada la que perjudica o ponga en riesgo la defensa nacional o la seguridad pública. Esta es precisamente una de las excepciones más polémicas porque se trata de la utilización de conceptos jurídicos indeterminados. En estos casos, los entes obligados, al negar la información pública, tienen la carga de probar ante el IAIP que existe un riesgo a la integridad territorial o la viabilidad de la nación.

De manera que invocar esta causal de reserva para negar la información sobre viajes del presidente de la República y de la primera dama en misiones oficiales, así como de actividades protocolarias, alegando “posibles perjuicios a la seguridad e integridad del actual presidente, su familia y futuros funcionarios”, puede provocar no solo una desaliento en el ejercicio de derechos como el de acceso a la información pública, sino su obstaculización.

Lo mismo ocurre cuando se ha utilizado esta causal para blindar cualquier información relativa a las actividades realizadas por el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE); un ente cuya ley orgánica prevé que estará facultado para el acopio de toda aquella información que sea necesaria para la realización de actividades de inteligencia, y que obliga –incluso– a las instituciones y oficinas públicas a brindar aquella que se les requiera. ¿Qué tipo de contraloría ciudadana puede hacerse sobre un Organismo que puede pedir todo, en el más absoluto secreto, sin que el ciudadano pueda saber a ciencia cierta cómo se utilizan los fondos públicos? O peor aún, no se sabe qué datos personales pueden existir ahí, en desmedro de los derechos a la intimidad y autodeterminación informativa.

Varias veces hemos reconocido que se han dado pasos importantes en materia del acceso a la información pública, pero en razón de lo acontecido en los últimos días, debemos poner mucho cuidado a estas declaratorias de reserva que poco a poco se han ido convirtiendo en el mecanismo natural para obstaculizar el ejercicio de este derecho fundamental. Los aplicadores de la LAIP deben asegurarse que no comencemos a retroceder.

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