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Las sanciones administrativas no deben ser confiscatorias

El Estado es, guardando toda coherencia lógica y legal, la única entidad que, por medio de su Órgano Legislativo, pueda dictar normas de carácter general y cuyo cumplimiento es obligatorio para todos los ciudadanos, salvo las excepciones que puntualmente se establecen en la misma ley.
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De forma paralela y consubstancial a la facultad de legislar, surge la facultad de establecer sanciones a las posibles infracciones cometidas a una ley vigente, buscando que la ley dictada sea de verdad ejecutable, habida cuenta que el ser humano, en muchos casos, requiere del “incentivo” de la sanción para sentirse comprometido al cumplimiento de una norma de carácter difuso.

De ahí que todo cuerpo legal de naturaleza administrativa esté acompañado de sanciones y multas, cuando el administrado incumpla algún aspecto de la norma.

En el mundo, las cortes constitucionales han desarrollado abultada jurisprudencia la cual avala, por una parte, la estructura sancionatoria que deben tener las leyes; pero por otro lado, se ha establecido que toda sanción debe de guardar ciertos requisitos mínimos para que pueda ser efectivamente impuesta a un ciudadano.

Dentro de tales requisitos, los más relevantes son que el ciudadano sea informado o notificado del inicio del proceso sancionatorio en su contra, notificación la cual debe contener el detalle de los hechos que la entidad administrativa pretende determinar como ciertos y sobre los que se basa la aplicación de la infracción.

La notificación antes indicada es la piedra angular sobre la que se basa todo proceso judicial o administrativo mediante el cual se pretenda imponer una sanción, ya que si no existe la notificación o bien, fue realizada de forma irregular, de entrada el citado proceso implica una clara violación al derecho de defensa y de debido proceso que le asiste constitucionalmente a todo ciudadano.

Emparentado con el deber del aplicador de la norma de informar al ciudadano del proceso, se encuentra el de garantizar al mismo un debido proceso, en el cual se le garanticen el libre ejercicio de su capacidad de contradicción de la imputación, así como de la rendición de pruebas de descargo que obren en proceso del ciudadano; amén de facilitarle a este la ocurrencia de actividades probatorias que naturalmente no se encuentren en su capacidad de realización, como lo es el obtener prueba que solo se pueda desarrollar mediante órdenes judiciales, como lo es la obtención de documentos que obren en poder de terceros. Ello solo por citar un ejemplo.

Finalmente, garantizando los aspectos antes indicados, el juzgador ya está en posición de dictar una sentencia, en la cual debe de buscar la proporcionalidad de la sanción que pretende la administración respecto a la infracción cometida.

Esa coherencia entre infracción y sanción restaurativa es esencial cuando se busca justicia, ya que, caso contrario, el Estado que ha obtenido un fallo a su favor, al obtener una sanción desproporcionada, se convertiría en un Estado vengativo, represivo y confiscatorio.

Lo anterior resulta importante, ya que entidades como SIGET, Defensoría del Consumidor, Dirección General de Aduanas, entre otras entidades administrativas, poseen cuerpos legales que les permiten obtener multas hasta del 300 % de lo originalmente adeudado por los administrados, lo cual provoca sentencias injustas y en algunos casos, francamente absurdas.

Al ser juez y parte en los procesos sancionatorios, los entes administrativos difícilmente dan crédito a los argumentos y pruebas presentados por los administrados; con lo que en muchos casos es imperativo acudir a la Sala de lo Contencioso Administrativo, como última línea para garantizar la legalidad de las decisiones.

La Sala de lo Contencioso Administrativo debe estar consciente de lo anterior y debe procurar agilizar de manera decidida los casos que están siendo sometidos a su análisis. Ya comienza a preocupar la acumulación de casos sin resolver.
 

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