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Las tormentas Amanda y Cristóbal. Comentarios a la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres

Es necesario señalar la necesidad de mejorar el sistema de alertas y la declaratoria de emergencia nacional del artículo 24.

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Samuel Aliven Lizama - Magistrado presidente de Cámara Ambiental de San Salvador

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Una vez más la tragedia se ha hecho presente en nuestro país. Las tormentas Amanda y Cristóbal nos han provocado en los últimos días abundantes lluvias, derrumbes, inundaciones, ecosistemas dañados, ríos desbordados, hundimientos, daños materiales y la muerte de muchas personas. El caso más emblemático es el de siete integrantes de la familia Melara Salamanca en el municipio de Santo Tomás que fue sepultada en su vivienda por un derrumbe. Esta descripción puede ser realizada con ligeras variantes de manera recurrente en época de invierno. La acción estatal a todo nivel, por tanto, ha sido sistemáticamente negligente y exhibe una falta de sensibilidad humana, social y económica. Las tragedias cuestan vidas, interacciones y dinero.

Una de las herramientas que tenemos para hacer frente a situaciones de emergencia es la Ley de Protección Civil. Esta ley es del año 2005, contiene 3 Títulos y 51 artículos. El Título II es el principal y más extenso, ya que abarca más del ochenta por ciento de la Ley y regula en clave organizativo-funcional el Sistema Nacional de Protección Civil, es decir, el conjunto de organismos públicos y privados de protección, su integración y funciones. La recurrencia de eventos de desastre con pérdida de vidas humanas, a 15 años de la Ley, debería ser un indicador de su obsolescencia y de ineficacia preventiva. En efecto, el nombre y objeto de la Ley aluden a la dimensión preventiva de un desastre. Sin embargo, todo su contenido está concebido a partir de la idea de un "desastre" ya ocurrido, no de un desastre por ocurrir.

Las seis finalidades de la Ley enunciadas en el artículo 2 y que son objeto de regulación en la misma nos dejan en claro que se trata de una Ley orgánico-funcional que deja en la orfandad regulativa las cuatro fases de todo desastre (preparación, atención, rehabilitación y reconstrucción) y principalmente la "fase de preparación". La ausencia de regulación de medidas de preparación que constituyen la esencia de una adecuada prevención no aparecen por ningún lado en el texto legal. La Ley tampoco incorpora un mecanismo para evaluar su propia eficacia a partir de las experiencias de emergencias ya ocurridas. Esto último es de suma relevancia para no continuar repitiendo las mismas experiencias trágicas.

Por otro lado, la Ley contiene una concentración de funciones en dos instancias que no tienen relación inmediata con las comunidades. En efecto, la Comisión Nacional contiene 11 funciones, 4 la departamental, 4 la municipal y 2 la Comunal. La Dirección General tiene 12 funciones. En el plano cualitativo las funciones de las Comisiones Municipales y Departamentales son para diseñar planes, coordinar, fiscalizar y hacer evaluación de daños y necesidades. No se contemplan auténticas medidas de prevención en la fase de preparación como en la fase de impacto. La Ley debería tener regulaciones sobre inspecciones, inventarios de viviendas en vulnerabilidad extrema, auxilio de profesionales, uso de la coerción, relocalización temporal de familias, relocalización de comunidades, asignación de albergues y otras.

Finalmente, es necesario señalar la necesidad de mejorar el sistema de alertas y la declaratoria de emergencia nacional del artículo 24. Esta última ha dado lugar a discusiones de gran calado político en los días recientes, girando la discusión en torno a la validez de una declaratoria de emergencia presidencial y a la falta de una declaratoria legislativa, cuando la norma autoriza a ambos órganos de gobierno a declarar la emergencia pero frente a supuestos distintos, por tanto lo relevante no es quién puede o no hacerlo, sino los alcances y límites de la declaratoria, que no están del todo definidos, sobre todo en lo relativo al uso de fondos públicos y de su control antes, durante y después del evento de desastre. Los abogados y la academia debemos pensar un Derecho para situaciones de emergencia.

Tags:

  • Ley de Protección Civil
  • sistema de alertas
  • tormentas
  • artículo 24

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