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Las vacunas inmunizan, la corrupción mata. ¿Hasta cuándo se mantendrá oculta la información sobre la pandemia y compras públicas?

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Aprovechar una epidemia para realizar actos de corrupción no solo es ilegal, sino infame. 

El pasado miércoles el presidente de la República anunció que ha negociado con algunos laboratorios internacionales la adquisición de nueve millones de dosis de vacunas para el covid-19. Es un buen paso en el esfuerzo que debe hacer el Estado para cumplir con su obligación de proteger la salud y la vida de los salvadoreños en esta pandemia. No se conoce ni el convenio, ni el precio ni la forma de pago. Se carece de información porque se ha reservado o se ha ocultado. Noticias recientes señalan que el Laboratorio Farmacéutico ha declarado que requerirá más pruebas y otras instituciones han señalado que dicha vacuna no es eficaz. ¿Es esta la vacuna que el Gobierno ha prometido adquirir?

Aunque el presidente ha aseverado que estas vacunas serán gratuitas, en realidad se tratará de una compra por parte de alguna institución del gobierno a esos laboratorios internacionales. Esa compra habrá de realizarse con recursos públicos, los cuales son impuestos de los salvadoreños o, en todo caso, deuda adquirida por el Estado, que no es más que impuestos futuros de esos mismos salvadoreños. 

Además, más allá de la compra de las vacunas —que, como tal, no será gratuita— la logística de la distribución y aplicación masiva de las dosis supondrá costos adicionales. Entre ellos destacan, por ejemplo, todo el equipo y sistema especial de refrigeración que debe utilizarse para garantizar la cadena de frío desde la fábrica en el extranjero hasta la aplicación en el cuerpo de los salvadoreños. Todo ello revela que esta fase de combate a la pandemia no será gratuita. Supondrá un uso de recursos públicos, y es aquí donde debemos tener sumo cuidado. 

En el curso de esta pandemia uno de los fantasmas que ha empañado el manejo de la emergencia por parte del gobierno de El Salvador ha sido la opacidad e irregularidades en las millonarias compras públicas de bienes y servicios relacionados con el combate a la pandemia. 

La Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador ha presentado avisos por posibles delitos ante la Fiscalía General de la República, por el mal manejo de las compras de insumos médicos hechas con fondos públicos. La Fiscalía ha iniciado las investigaciones, y es en el marco de ellas que un juez le autorizó a realizar una serie de allanamientos en diferentes instituciones del Órgano Ejecutivo, incluyendo el Ministerio de Salud. 

Aprovechar una epidemia para realizar actos de corrupción no solo es ilegal, sino infame. Los recursos que se desvían en sobreprecios y comisiones, y la adquisición de productos de baja calidad se traducen en peores servicios de salud pública; y eso lleva incluso a la muerte de los salvadoreños. La corrupción mata. 
 En esta nueva fase en el combate de la pandemia a través de la vacunación masiva, es preciso que la sociedad y las autoridades de control exijan al Órgano Ejecutivo garantizar el acceso a la información pública, realizar los procedimientos de adquisición en condiciones de competencia, transparencia y eficiencia, y cumpliendo con las previsiones legales para ello. 

Las violaciones a la ley en las adquisiciones y contrataciones las terminarán pagando los funcionarios que se presten a ello, e, indefectible e injustamente, todos los salvadoreños.
 

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