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Leasing de centros penitenciarios

El hacinamiento carcelario atenta contra la dignidad humana, contra la salud de los privados de libertad y con todos los empleados y profesionales que laboran en el sistema.
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Ricardo Sosa / Experto en seguridad y criminología

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En nuestro país la Sala de lo Constitucional emitió sentencia N.119-2014 presentada por varios privados de libertad y declara inconstitucional el hacinamiento carcelario y ordena la construcción de centros penales y readecuación de instalaciones. Se llegó a tener niveles de hacinamiento superiores al 370 % que el Ministerio de Justicia y Seguridad con la ejecución de Centros Penales ha logrado reducir en 44 % durante el año 2017 a 210 % y se espera que al finalizar el presente año pueda diminuir a 154 % lo cual representa avances significativos, y podríamos quedar debajo de los promedios de Latinoamérica.

Una figura que puede representar una solución integral al hacinamiento carcelario es el arrendamiento o leasing sobre el diseño, planificación, inversión, construcción, equipamiento y mantenimiento de nuevos centros penitenciarios de máxima seguridad, seguridad intermedia y de penales ordinarios, sobre todo porque el Estado salvadoreño no está en condiciones financieras de seguir desarrollando estos proyectos y puede invertir en prevención del delito, educación, asistencia social y otros que reconstruyan tejido social.

Estos nuevos centros penales contarían con tecnología de punta, controles de acceso a distancia, puertas y sistemas automatizados con un potente software, videovigilancia, varios anillos de seguridad integrados con tecnología, pero además protocolos de operación de calidad y de atención a los internos e internas como servicios básicos asistenciales.

Las propuestas concretas son las siguientes:

—Modificar la Ley de Asocios Público-Privados para permitir esta figura expuesta para la inversión privada extranjera. El Estado salvadoreño proporciona los terrenos, y el privado desarrolla toda la inversión y equipamiento.

—La administración y control de los privados de libertad continuaría bajo el Ministerio de Justicia y Seguridad y Centros Penales no concesión, así como la seguridad y todos los dispositivos.

—Se recomienda construir cinco grandes centros penitenciarios; incluyendo dos de máxima seguridad. La distribución sería en cada zona geográfica del país, y paracentral. Buscar los terrenos en los cuales la misma ubicación geográfica represente ventajas competitivas al diseño tales como: señales de comunicaciones, alejadas de zonas poblacionales, que presente dificultades de acceso a sus perímetros entre otras.

—Estos nuevos centros penitenciarios tendrían capacidad de 10,000 a 15,000 privados de libertad con tecnología de punta para toda la administración y control.

—En una segunda etapa se pueden concesionar aquellos centros penales que se encuentran en las ciudades, y su infraestructura no fue diseñada para un centro penal y genera problemas a todo nivel a la población, pero ya contando con modelos pedagógicos de resocializacion y disciplina.

Al combatir el hacinamiento le permite a la administración de Centros Penales tener un adecuado control y poder desarrollar el exitoso programa “Yo Cambio” con los componentes de educación, resocializacion, combatir el ocio carcelario, formación en emprendedurismos, salud, y finalmente la reinserción para cumplir la premisa constitucional del artículo veintisiete inciso tercero.

Es posible combatir el hacinamiento carcelario, lo cual requiere de ideas creativas, que tengan su respaldo legal pero sobre todo la voluntad, y decisión política, de apoyar estos proyectos por los tres órganos del Estado.

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