Lección de $152 millones

Ante el incontenible déficit fiscal, el exceso de endeudamiento, incluso para pagar gastos corrientes, los organismos multilaterales ya expresan su temor que El Salvador pueda caer en el corto plazo en una situación de impago (default).
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El proceso de aprobación de la emisión de títulos valores del Gobierno de El Salvador por $152 millones tomó unas dos semanas de un buen ejercicio de parlamentarismo serio, donde los dos partidos mayoritarios llevaron el peso de las discusiones, con valiosos aportes de todas las otras organizaciones políticas en la Asamblea Legislativa.

Lo más positivo: quedaron establecidos los requisitos de transparencia, buen uso y contraloría que se aplicarán de aquí en adelante. Un gran paso para los intereses del país, porque la caja del Gobierno está en “quiebra técnica”.

Usted puede preguntar por qué esta aseveración. Simplemente, cuando vemos que el Gobierno aumenta el monto y el tiempo para pagarle a los proveedores y arriendos, cuando debe pedir prestado para pagar las pensiones del IPSFA y hacer frente a la nivelación salarial de la FGR, y se atrasa en pagar los bonos ofertados, son señales inequívocas que se tiene una quiebra técnica.

Allí la importancia de evaluar lo sucedido en la Asamblea Legislativa la semana pasada.

¿Cómo empezó todo? Con una solicitud de autorización para la emisión de títulos valores por $152 millones para el financiamiento de medidas extraordinarias de “Seguridad Pública”, sin dar ningún detalle sobre cómo se utilizarían estos fondos ni asegurar su debido destino. Era como un cheque en blanco para reforzar la escuálida caja del Gobierno.

¿Por qué las dudas? Bueno, ya hay muchas evidencias que muestran que se aprueban fondos con un destino específico y terminan utilizados para sufragar otras cosas consideradas de “mayor urgencia”.

¿Recuerdan el préstamo BID por $200 millones del “Programa Integral de la Sostenibilidad Fiscal y Adaptación al Cambio Climático”? De ellos casi nada fue para el Cambio Climático, casi su totalidad fue para aliviar la caja del Gobierno.

¿Para qué fue el 5 % de impuesto a la telefonía establecido con la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia? Ah, era para “combatir la criminalidad” y “hacer llegar al Estado $140 millones anuales” y pagar el bono a los policías. ¿Qué pasó? A falta de recursos, se terminaron reasignando $28 millones de un préstamo del BCIE, para pagar los bonos a policías y a militares.

Y así hay decenas de casos más. Ahí la importancia de haber puesto candados para: (i) asegurar que los $152 millones vayan a un presupuesto extraordinario, aparte del Fondo General; (ii) explicitar detalladamente para qué se utilizarán estos recursos; (iii) dejar claro que estos fondos no se pueden utilizar para ninguna otra finalidad fuera de la establecida en el Decreto; y (iv) asegurar una auditoría externa independiente.

Un gran precedente para los procesos de solicitud de préstamos que vienen, como son: la liberación de la emisión de $900 millones en Eurobonos, para pagar la deuda de cortísimo plazo, LETES, que ya llegan a $931 millones a abril de 2016. El Plan “El Salvador Seguro”, que requiere de $2,100 millones para cinco años ($420 millones anuales, 1.7 % del PIB u 8.7 % del Presupuesto General). Los $1,200 millones que dice Hacienda que requiere para cubrir las necesidades de este año. Y están haciendo cola Ciudad Mujer, ANDA, Obras Públicas, Salud y otros, que suman otros $450 a $500 millones.

Ante el incontenible déficit fiscal, el exceso de endeudamiento, incluso para pagar gastos corrientes, los organismos multilaterales ya expresan su temor que El Salvador pueda caer en el corto plazo en una situación de impago (default).

Este ejercicio de diálogo-negociación política ha sido una gran lección y debe ser el inicio de cara al mayor desafío que tiene El Salvador, lograr un “Acuerdo Fiscal de Nación”, que incluya: (i) cómo mejorar la recaudación, sin crear ni elevar impuestos, apostando al crecimiento económico, estimulando la inversión nacional y extranjera, para generar más empleos e ingresos fiscales; (ii) cómo contener el gasto público, donde 77 centavos de cada dólar que usted pagó en nuevos impuestos se destinaron a remuneraciones; y (iii) cómo solucionar el problema del antiguo sistema de pensiones y el pago de bajos intereses a los trabajadores del nuevo sistema.

Solo con voluntad política y pensando en primero en El Salvador, el sector político podrá encontrar las soluciones a los grandes problemas del país y su gente. La sociedad civil los está observando, no la defrauden.

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