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Lecciones a aprender para aprobar el presupuesto

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Por el Imperio del DerechoEn la madrugada del 28 de septiembre de este año, la Asamblea Legislativa aprobó ciertas reformas al sistema de pensiones. Fueron más de dos años de una tensa negociación entre el gobierno y la oposición.

La presión fiscal que enfrentaba el gobierno para cumplir con sus obligaciones exigía un acuerdo; y durante todo ese tiempo, pasaron por la Asamblea varias propuestas de reformas.

Dos días antes de la aprobación, entró en funciones la Comisión Ad-Hoc de la Asamblea para estudiar las propuestas. Los diputados que la conformaban se encerraron y sacaron un producto nuevo. Nadie conoce las deliberaciones que ahí ocurrieron. Dos días después, en una madrugada, el pleno aprobaba con 74 votos, una transcendental reforma.

Ahora inician las negociaciones para aprobar el presupuesto del ejercicio 2018, y ya se señala el acuerdo para la reforma de pensiones, como un referente para esta nueva e ineludible negociación. Nosotros pensamos que es imperativo modular el entusiasmo ante el acuerdo alcanzado en ese madrugón legislativo.

Y es que nosotros también felicitamos a las fuerzas políticas por haber llegado a un acuerdo en el caso de la reforma de pensiones, pero eso no quita que cuestionamos la forma en que este se negoció. La existencia de deliberaciones en la Asamblea y la publicidad de ellas son exigencias constitucionales. La Asamblea violó esas categorías constitucionales en ese caso, y no podemos permitir que esos vicios se repitan en la negociación y aprobación del presupuesto.

La aprobación del presupuesto 2018 cubre una especial relevancia. Y es que tras la sentencia de inconstitucionalidad 25/2017, la Asamblea Legislativa debe aprobar un presupuesto que cumpla con las exigencias previstas por la Sala de lo Constitucional para garantizar los principios de equilibrio presupuestario y universalidad.

Además, en un momento de crisis fiscal es común escuchar sobre la necesidad de hacer sacrificios. Tras varios nuevos tributos aprobados en los últimos años, y luego de que vemos que cada año el presupuesto se incrementa aún más, parece que hoy es el turno del Estado para hacer el sacrificio. Y el presupuesto es el instrumento idóneo para materializar ese compromiso.

Para el caso, resulta ofensivo que en la misma madrugada en que se aprobó la reforma de pensiones, teniendo la crisis fiscal como telón de fondo, la Asamblea incrementó su presupuesto para 2018, dejando una partida de US$2.5 millones de seguro médico para sus empleados.

Necesitamos que la negociación del presupuesto 2018 se haga de manera pública. Solo con la apertura al escrutinio público los ciudadanos podemos auditar y exigir a los diputados que cumplan con la Constitución, y hagan cumplir al Estado con su parte de sacrificio en esta crisis fiscal.

Es bueno que se pida el acompañamiento de organismos financieros internacionales en las negociaciones relativas al tema fiscal; pero advertimos que la participación de representantes de esas entidades no da carta abierta para que se violen los principios de deliberación y publicidad que deben respetarse en la negociación del presupuesto. Es necesario que, incluso con esos personeros, las negociaciones se hagan en el seno de la Asamblea Legislativa, y en sesiones abiertas a la prensa.

Los ciudadanos somos los principales interesados en saber cómo se negocia el presupuesto del Estado y cómo se pretende gastar nuestro dinero.

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