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Lecciones sobre violencia e inseguridad

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En 2016, el Instituto Centroamericano de Investigaciones para el Desarrollo y el Cambio Social (INCIDE) publicó el informe denominado “El Salvador: nuevo patrón de la violencia, afectación territorial y respuesta de las comunidades (2010-2015)”. El informe consideró dos territorios afectados de manera diferente por dichos fenómenos: el municipio de Jiquilisco, en el departamento de Usulután, con presencia significativa y control territorial y social de grupos delictivos, con población civil organizada y con poca presencia del Estado; y los municipios de Perquín, Arambala y San Fernando, en el departamento de Morazán, municipios sin presencia relevante ni control territorial significativo de dichos grupos, con poca presencia estatal y con fuerte organización social.

Entre las lecciones del informe existen tres principales. La primera es que la violencia y la inseguridad son fenómenos complejos y multidimensionales; por lo tanto, su incidencia es diferenciada en cada territorio, lo que hace indispensable entender las particularidades de cada región con el fin de diseñar políticas y estrategias que lleven a la prevención, el combate y la erradicación de los fenómenos. Esto no implica diseñar una política de seguridad por cada territorio, pero sí que esta sea lo suficientemente general y flexible ante lo diferenciado de los territorios. Una de las diferencias marcadas entre los territorios en estudio son los antecedentes de estos. En Jiquilisco se identificó poca cohesión comunitaria, lo que dio paso a la incapacidad de reacción colectiva, mientras que en los municipios mencionados de Morazán se denota lo contrario: un tejido social fuerte, cohesionado y con capacidad de resistencia colectiva.

La segunda lección es en referencia a la importancia del control del territorio, puesto que, como se sostiene en el informe, quien controle el territorio también ejerce control en buena parte de la violencia y la inseguridad. Nuevamente, retomando la comparación de las zonas, en Jiquilisco se identificó una actuación de los grupos delictivos que controla a las comunidades y habitantes. Sin embargo, en los municipios retomados de Morazán, el control del territorio ha sido ejercido por las comunidades locales, representando una dificultad para que los grupos delictivos operen en la zona. Sin embargo, no únicamente puede considerarse la recuperación del territorio, como bien apuntan actualmente los esfuerzos de seguridad del Gobierno, sino que también es importante afianzar lo recuperado y a la vez asegurar el control, por parte del Estado, de los territorios que aún no han sido perdidos.

La tercera de las lecciones rescata lo esencial de la participación organizada de las comunidades y sus liderazgos. En Jiquilisco dichos actores no tuvieron la capacidad de organizarse para defender su territorio y las consecuencias fueron lo que antecede en la segunda de las lecciones. En cambio, en los municipios de Morazán, los altos grados de organización y participación de los liderazgos han sido determinantes para enfrentar la inseguridad y la violencia. Tanto para las políticas públicas como para los proyectos que parten desde la sociedad civil, e incluso desde la Responsabilidad Social Empresarial, es de vital importancia involucrar a las comunidades directamente en las fases de diseño e implementación de las acciones, algo que muchas veces pasa desapercibido, cayendo así en un simple asistencialismo tanto empresarial como político, que se encuentra lejos de abonar a la solución de los fenómenos.

Las tres lecciones que el informe plantea pueden servir como un insumo técnico para analizar la dirección de las acciones y, sobre todo, como un punto de partida para replantear, de ser necesario, el trabajo de los actores en el territorio en el fomento de la paz y seguridad.

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