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Legítimas defensas en un arbitraje internacional

El pasado 16 de diciembre, en mi columna “De monseñores, arbitraje y el Estado”, explicaba que el arbitraje es un método alterno de resolución de conflictos, en el cual las partes de una relación jurídica determinada deciden someter sus conflictos sobre derechos disponibles a la jurisdicción de terceros imparciales e independientes (árbitros), quienes dictarán una resolución final, vinculante, susceptible a ejecución, en más de 140 jurisdicciones por razón de convenios internacionales, tal y como la Convención de Reconocimiento y Ejecución de laudos dictados en el extranjero (en adelante “NY58”, disponible en http://www.uncitral.org/).
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La parte que se encuentra obligada por la decisión plasmada en el laudo, al igual que sucede en el caso de una sentencia judicial, tiene dos opciones: (i) cumplir de forma voluntaria lo que está decidido, o (ii) no cumplir la decisión utilizando algún mecanismo legal disponible contra el laudo dictado, ergo, ejerciendo una legítima defensa.

¿Cuáles mecanismos están disponibles contra un laudo? Los que establezca la lex arbitri o ley del lugar del arbitraje. Es importante aclarar que el lugar del arbitraje es un concepto jurídico que puede diferir del espacio físico donde se celebren las audiencias, de tal forma, que el lugar del arbitraje puede ser Francia, mientras que las audiencias las puedan hacer en Estocolmo, Zimbabue, o cualquier otro país o ciudad. La implicancia técnica jurídica será que el laudo “tendrá la nacionalidad” del lugar del arbitraje, y esto significa que ese laudo francés, por ejemplo, solamente será susceptible a los recursos contra laudos que la ley francesa establezca.

Desde enero de 2011, Francia tiene una nueva ley de arbitraje desarrollada en los artículos 1442 al 1527 del Código de Procedimiento Civil Francés (CPCF). El artículo 1520 establece 5 causales para anular: (i) el tribunal carecía de competencia para conocer la disputa, (ii) indebida constitución del tribunal, (iii) que el tribunal laude sin cumplir con su mandato, (iv) violación del debido proceso, y (v) el laudo es contrario al orden público internacional. En Francia el recurso de nulidad no suspende la ejecución del laudo (art. 1526 CPCF), por lo que un laudo francés puede ser ejecutado de forma inmediata en Francia.

¿Pero qué sucede si un laudo francés quiere ser ejecutado, digamos, en El Salvador? Como el laudo no fue dictado en El Salvador, para poder ejecutarlo primero se debe reconocer el laudo. El proceso de reconocimiento se lleva ante la Sala de lo Civil (art. 80 LMCA, art. 557 CPCM), y se trata de un proceso contradictorio, donde la parte que se vería obligada en cumplir el laudo puede alegar defensas taxativas para lograr que no se reconozca.

Tanto El Salvador como Francia son firmantes de la NY58, por lo que es aplicable para el supuesto planteado. La NY58 señala que la autoridad competente podrá (es decir, que no se encuentra obligada) a negar el reconocimiento si se configura una de las siete causales del art. 5. Las primeras cinco se refieren a que se puede negar el reconocimiento si se incurre en violaciones en el correcto trámite del proceso arbitral; mientras que las últimas dos se centran en particularidades del país donde se pretende el reconocimiento: si la disputa es arbitrable, y si el reconocimiento conllevaría una violación del orden público del país. Si el laudo se reconoce, se puede iniciar el proceso de ejecución.

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  • arbitrajes
  • laudo arbitral

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