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Les volverán a enmendar la plana

La semana pasada pedimos a los precandidatos a diputados para la próxima legislatura, que se comprometieran públicamente, a cumplir –como mínimo– con cinco puntos no negociables, todos ellos relacionados con la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Les exigimos una elección sin retrasos, sin secretismos, sin cuotas partidarias, sin traslados entre Salas y sin reciclajes injustificados.
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Estas exigencias están en completa sintonía con lo que hemos venido planteando desde hace años en relación con todos los procesos de elección que corresponde desarrollar a la Asamblea Legislativa; entre ellos, la elección de magistrados de la Corte de Cuentas.

En relación con esta institución, junto con otras organizaciones y representantes de la sociedad civil, estuvimos exhortando a los diputados para que dejaran atrás todo tipo de negociaciones oscuras y eligieran magistrados independientes, sin sesgos partidarios, comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas, con sobrada experiencia y con moralidad y competencia notoria.

También les estuvimos recordando que de acuerdo con la jurisprudencia constitucional ya consolidada, la Asamblea Legislativa, a través de la Comisión Política, debe dar muestras evidentes del ejercicio analítico desarrollado en el proceso de elección, debiendo explicar y fundamentar ampliamente los motivos por los que decide elegir a determinadas personas y descartar a otras. No basta listar los atestados presentados por los postulantes o simplemente describir el procedimiento supuestamente efectuado.

Tristemente, en el proceso de elección de Corte de Cuentas, la Asamblea Legislativa eligió con retrasos, con secretismo, con reparto de cuotas partidarias y con reciclajes injustificados. Muchos de los ahora diputados que pretenden reelegirse votaron así, dejando claro que no están dispuestos a cumplir con los compromisos mínimos que la semana pasada les planteamos.

Los diputados pudieron elegir en tiempo, pero no quisieron hacerlo, sin que hasta hoy eso sea algo que les preocupe y sin que entiendan que con eso incumplen sus obligaciones constitucionales. El día de la elección, miembros de la Comisión Política se apartaron de la agenda prevista en la sesión plenaria, para negociar a espaldas de la población y lejos del control de los medios. Terminaron decantándose por un evidente reparto de cuotas partidarias y dejaron de lado la meritocracia en su análisis; todo lo contario al deber ser.

Si así votan por la Corte de Cuentas, y si así han estado dispuestos a votar en el pasado, es previsible que así votarían por magistrados de Corte Suprema de Justicia en 2018; es tarea de todos no permitírselos.

Hasta la fecha, la Corte de Cuentas de la República es una de las instituciones que menos ha querido cumplir con su rol constitucional. No hemos tenido un ente que controle el uso adecuado y eficiente de los fondos públicos; no hemos tenido quien vigile la recaudación, custodia y erogación de fondos públicos. No hemos tenido quien fiscalice la gestión económica de las instituciones públicas y empresas estatales de carácter autónomo o las entidades privadas que reciben fondos públicos. Lo que hemos tenido ha sido una fiscalización selectiva, omisa y hasta cómplice muchas veces.

Para el caso, ya todos sabemos que hay partidos políticos que han estado dispuestos a financiar a grupos terroristas, con las consecuencias legales que eso genera. Pero lo que no sabemos todavía, porque Corte de Cuentas no ha querido cumplir su rol, es si ese financiamiento proviene de fondos públicos que son entregados a los partidos.

Sabemos que hay fondos públicos que indebidamente se han entregado a fundaciones privadas y que algunas de esas fundaciones están vinculadas con los diputados de la Asamblea, pero todavía no sabemos el destino que se ha dado a esos fondos.

Los diputados nos volvieron a fallar. Nosotros volveremos a acudir a las instancias correspondientes para que –otra vez– les enmienden la plana.
 

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