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Ley Magnitsky y el encubrimiento

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Director de Consultorías, Yancor Coaching & Mentory

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En las últimas semanas, en el ámbito informativo a nivel nacional, se han destacado noticias sobre lavado de dinero, casos como: "Destape a la Corrupción" y "Saqueo Público", entre otros, y que tienen delitos en común: peculado, enriquecimiento ilícito, soborno, testaferros, falta de prevención o negligencia, encubrimiento culposo y casos especiales del delito de encubrimiento, todos incumplimientos a la Ley de Lavado de Dinero y Activos (LDDA).

Al preguntarnos, ¿por qué no se previenen estos delitos, sabiendo que existen mecanismos para reportar situaciones anómalas o sospechosas?, se concluye que es por falta de valores, negligencia de los sujetos obligados, falta de comunicación u obstaculización de entes fiscalizadores y de supervisión hacia la Fiscalía, presiones internas y externas de funcionarios.

Los mecanismos legales con los que contamos en el país no solo criminalizan el delito de lavado de dinero y activos en todas sus tipificaciones, sino que además demuestran las medidas para la prevención y control. Por ejemplo, según el artículo 8 del instructivo de la Unidad de Investigación Financiera (UFI) para la prevención del delito, las instituciones tendrán la obligación de verificar las actualizaciones que se corran de las listas de países no cooperantes, paraísos fiscales y listas negras, publicadas por organismos internacionales en el combate de este delito.

En este sentido, será interesante identificar cómo dichos organismos incluirán a personas que no están mencionadas en procesos legales, ni mucho menos condenadas por delitos de corrupción y lavado de dinero en El Salvador; y es que en agosto del presente año se conoció que a través de la Ley Global Magnitsky, avalada recientemente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se incluirán en una "lista negra" nombres de centroamericanos acusados de corrupción y violaciones a derechos humanos, ya que uno de los objetivos de la misma es identificar e imponer sanciones económicas a extranjeros de todo el mundo que hubieran cometido abusos y corrupción en sus países de origen incluyendo El Salvador.

En cumplimiento a la regulación local y según el instructivo de la UFI y en referencia a la Ley Magnitsky, los sujetos obligados tendrán la obligación de identificar y reportar cada transacción que se realice con personas que allí se mencionen, por medio del Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) y el omitirlo acarreará encubrimiento culposo, con penas de 2 a 4 años según artículo 8 y casos especiales del delito de encubrimiento de 4 a 10 años según artículo 7 de la LDDA.

Considerando el contexto económico regulatorio, es evidente la obligación a cumplir con la Ley y con estándares internacionales que deben realizar diferentes instituciones como: bancos, financieras, cooperativas, superintendencias, Corte de Cuentas de la República, de supervisión del Sector Público y Privado, en general los sujetos obligados. Por lo tanto, establezcamos controles apropiados y no seamos solamente espectadores, debemos hacer debida diligencia y alertar situaciones anómalas o sospechosas, comencemos por generar una cultura ética en cada negocio y demostremos que los salvadoreños somos dignos de confianza e incorruptibles, que no somos cómplices o tapadera de nadie.

No esperemos a que cambien los demás, llámense políticos o funcionarios, debemos de actuar diferente desde nuestras zonas de influencia. Porque recordemos que el encubrimiento se castiga con prisión.

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