Ley de Estabilidad Jurídica

Muy poco se ha dicho sobre la reciente aprobación y entrada en vigor de la denominada “Ley de Estabilidad Jurídica para las Inversiones”, publicada en el Diario Oficial del 16 de enero anterior.
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Según lo describe esa ley, su objeto es la atracción y promoción de la inversión nacional y extranjera a través de la creación de un marco legal que garantice la seguridad jurídica al inversionista, mediante la implementación de contratos de estabilidad jurídica. Se pretende a través de la suscripción de esos contratos reactivar el desarrollo económico e impulsar el crecimiento de sectores estratégicos.

Los sectores estratégicos identificados por la ley son los de aeronáutica, agroindustria, acuicultura, electrónica, energía, infraestructura estratégica, servicios de salud, turismo, telecomunicaciones, manufacturas, ciencia y tecnología. Podrán añadirse otros sectores siempre que lo haya autorizado PROESA.

A partir de su vigencia, el inversionista nacional o extranjero que se encuentre interesado en acogerse a los beneficios de la ley deberá realizar una inversión igual o mayor a 4,220 salarios mínimos vigentes del sector industria, cumplir con los demás requisitos que establece la ley y presentar su solicitud ante PROESA, quien será la entidad encargada de aprobar o denegar la solicitud.

Asumiendo que PROESA autoriza la solicitud, el inversionista podrá celebrar un contrato de estabilidad jurídica con el Ministerio de Economía. En virtud de ese contrato, se concede al inversionista estabilidad tributaria en el ámbito nacional y municipal, estabilidad en las exenciones tributarias y regímenes aduaneros, así como estabilidad de libre transferencia de fondos y régimen migratorio.

Valga aclarar que la estabilidad tributaria solamente se refiere a los impuestos directos como es el caso del impuesto sobre la renta, pero que no alcanza a los impuestos indirectos, como es el caso del IVA y otros impuestos específicos. También vale la pena aclarar que el compromiso de estabilidad es con relación a reformas que puedan afectar al inversionista, pero que si este considera que tales reformas le resultan favorables, puede pedir la equiparación de estas.

La ley añade que los plazos de estos contratos dependerán del monto de la inversión realizada, pero que oscilarán entre 5 a 20 años según sea el caso y que una vez suscrito el contrato, ese mismo inversionista no podrá celebrar otro contrato mientras no finalice el primero.

El legislador señala que dentro del contrato se debe convenir el mecanismo de solución de controversias, agregando que tal mecanismo se establecerá en el marco del art. 15 de la Ley de Inversiones. Puede representar un problema el hecho de que el art. 15 de la Ley de Inversiones fue reformado y únicamente establece los tribunales judiciales como mecanismo de solución de disputas.

Por nuestra parte no pensamos que esto por sí mismo obliga a que en los contratos de estabilidad se pacte como único medio de solución de disputas la vía judicial, pero sugerimos una rápida reforma al art. 19 de la Ley de Estabilidad Jurídica, a fin de evitar indebidas interpretaciones que más adelante inhiban al Ministerio de Economía a suscribir cláusulas arbitrales con los inversionistas.

Pero más importante es plantear ciertos cuestionamientos que ya han sido debatidos en numerosas jurisdicciones en las que se ha tomado la decisión de adoptar este tipo de normas para intentar atraer inversiones. ¿Sirven en realidad estas leyes o cláusulas de estabilidad para atraer y proteger al inversionista? ¿Implican estas leyes una renuncia del Estado a su soberanía y por ende a su capacidad de modificar los tributos aplicables? ¿Constituyen estas leyes un semillero de futuras disputas es que se verá inmerso el Estado?

Por el momento nos conformamos con dejar planteadas estas interrogantes, comprometiéndonos a expresas más adelante nuestra posición sobre las mismas.

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