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Ley de Partidos Políticos nace entre la controversia

Ahora, el desafío principal es lograr que no se quede en el papel, sino que pase a regir de veras la vida partidaria, dentro de lo que sus regulaciones permiten.
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Por fin, luego de un largo camino que al final ya parecía calvario, la Asamblea Legislativa aprobó, con 76 votos, la Ley de Partidos Políticos. Hay que decir, de entrada, que el hecho de que dicha aprobación se haya producido es un significativo paso adelante en nuestra accidentada trayectoria de democratización nacional. Teniendo en cuenta la forma en que las fuerzas políticas y sus liderazgos vienen manejando su tránsito del autoritarismo tan arraigado a la democracia en funciones, es de valorar este avance, y no sólo por lo que representa en cuanto al ordenamiento de la actividad partidaria sino también, y muy significativamente, por lo que tiene de irreversible en la línea de una verdadera modernización de nuestro sistema de vida política.

La ley aprobada es, sin duda, limitada en algunos aspectos, como el referente al objetivo de transparentar efectivamente el financiamiento. Por otra parte, el encargar la responsabilidad de controlar el desempeño de la ley al Tribunal Supremo Electoral es una forma de poner a los partidos a que se vigilen a sí mismos. Es también lamentable que en el tema del régimen interno de los partidos lo que quede establecido es el libre arbitrio de las respectivas organizaciones. Es claro que los partidos políticos, que aprobaron la ley, si bien tuvieron que hacerlo porque ya no había ningún argumento valedero para continuar retrasándolo, lo hicieron con cuantas reservas y limitaciones les fue posible incorporar.

Es oportuno reiterar aquí lo que venimos mencionando desde hace tanto tiempo como contenidos insoslayables en una normativa realmente reguladora de la estructura y del funcionamiento de los partidos políticos: financiamiento, democratización interna y formación sistemática de cuadros. La discusión sobre el tema se viene concentrando cada vez más en el punto que por su naturaleza se vuelve más morboso: el del financiamiento, que desde luego es fundamental, pero que no es el único que merece tal atención.

La democratización interna es clave para asegurar que la acción partidaria se desenvuelva en armonía con el sano desempeño democrático. ¿Cómo se puede trabajar por la democracia cuando no se practica la democracia? Y en cuanto a la formación de cuadros, se tiene que pasar a una fase en que haya predictibilidad clara sobre quiénes son aptos y están habilitados para desempeñar las respectivas funciones. Y en lo que a la función ejecutiva se refiere, ya es hora de dejar atrás la improvisación al momento de formar equipos de gobierno cuando un partido asume la responsabilidad de la gestión pública, a fin de que no ocurra lo que ya por tradición ha venido pasando: que en cada período se parte prácticamente de cero.

Hay, pues, una ley de partidos políticos que, según lo que se percibe, estará en vigencia dentro de muy poco. Ahora, el desafío principal es lograr que no se quede en el papel, sino que pase a regir de veras la vida partidaria, dentro de lo que sus regulaciones permiten. No ha sido el resultado ideal, pero eso no quita que tengamos un principio que hay que hacer operativo al máximo. El ojo ciudadano debe estar muy atento al desenvolvimiento partidario, ya con un instrumento legal a su disposición. Se tendrá que pasar pues de la crítica legítima al monitoreo consistente. Ya se ha visto que las fuerzas políticas tienen cada vez menos margen de arbitrariedad; y esto es una ganancia histórica que hay que potenciar y desarrollar.

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